El impacto negativo de la coyuntura electoral es casi generalizado en la toma de decisiones de inversión, salvo en casos de compromisos ya asumidos o planes en marcha. Y esta situación continuaría hasta más allá de la toma de mando del nuevo gobierno, opina el economista Víctor Albuquerque, director de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría.
¿Qué tipo de decisiones de inversión son las que se están viendo más afectadas con la actual incertidumbre electoral?
Diría que el impacto de la incertidumbre electoral actual es algo generalizado en la toma de decisiones de inversión, las excepciones están relacionadas a casos específicos, sea por compromisos de inversión que tienen que ejecutarse y planes en marcha que a las empresas les costaría más paralizar en este momento.
¿La consecuencia práctica es una caída en la tasa de inversión privada?
En lo inmediato los flujos de inversión no se ven afectados en los proyectos que ya están ejecutándose, pero sí en las decisiones de inversión en proyectos que deberían entrar en fase de construcción en los siguientes meses, eso es lo que se está demorando. Cuanto más dure la incertidumbre, retomar estas decisiones va a tomar más tiempo y por lo tanto va a tener un efecto en la tasa de inversión en la segunda mitad del año y en particular hacia el cuarto trimestre.
¿Y en qué sectores las inversiones no se ven afectadas?
Eso se ve en sectores que por determinadas circunstancias tienen que realizar inversiones. Por ejemplo, en este momento hay algunas industrias que están mostrando tasas de crecimiento interesantes hace ya varios meses; es el caso de la construcción, particularmente la autoconstrucción y la obra pública. Y eso está llevando a algunos productores de materiales de construcción a decidir si aumentan o no la capacidad instalada de sus plantas. Esas ampliaciones de negocios es una decisión muy difícil de tomar actualmente porque por demanda las necesitan, pero por la situación política prefieren esperar a ver qué pasa.
¿La incertidumbre para los negocios se acabará con el resultado electoral del 6 de junio, o se mantendrá?
Creemos que se va a mantener. Un sondeo que hicimos a los clientes muestra eso, que las empresas postergarían sus decisiones de inversión, incluso un porcentaje pequeño dijo que lo haría por tiempo indefinido. Gane quien gane se requiere ver qué autoridades escoge, sus planes de gobierno, las medidas que tome. Creemos que esta incertidumbre va a continuar más allá de la toma de mando del nuevo gobierno.
¿Diría que por la incertidumbre que existe hoy la estrategia “wait and see” será la prevaleciente este año en las empresas?
Creo que sí, las empresas están en una situación de ver y esperar por la incertidumbre. Es más, ya estaban así porque el hecho mismo de la pandemia ya llevaba a las empresas a ir adoptando su estrategias y planes de negocios en función de ello y ahora el tema de la incertidumbre política se suma.
¿Esta incertidumbre está llevando a que empresas opten por adelantar la distribución de dividendos, por ejemplo?
Pueden llegar a evaluarse algunas decisiones de ese tipo en caso puntuales, pero diría que independientemente de quién gane la elección presidencial, las lecciones que saca el sector empresarial del impacto de la pandemia y la actual coyuntura política van a acelerar la aplicación de ciertas estrategias, algo que ya estaba en marcha, pero se va a agudizar.
¿Podría detallar de qué estrategias se trata?
Por ejemplo, de internacionalización. Las corporaciones peruanas han hecho esfuerzos para entrar o seguir creciendo en ciertos mercados y creo que, en conjunto, por ahora ha sido una apuesta todavía conservadora, pero estimo que va a haber, entre los grandes grupos empresariales del país, una búsqueda de oportunidades en la región o fuera de ella, algo más agresiva de la que hemos visto hasta hoy. También va a verse un esfuerzo por reducir los costos fijos.
¿De qué costos estamos hablando?
Espero que haya una mayor flexibilización en las organizaciones. Por ejemplo, vamos a ver a las empresas peruanas cada vez menos interesadas en ser propietarias de las oficinas en las que operan, de las plantas, de los almacenes. Va a ir reduciendo eso y es una tendencia que se va a acentuar. Y eso, al mismo tiempo, genera oportunidades para otro tipo de operadores, por ejemplo, de los fondos de inversión que se orientan a proyectos inmobiliarios.
Pasa lo mismo con la automatización de operaciones, que se está viendo ya entre las empresas, y que busca la eficiencia operativa, no sólo por la pandemia sino por los aspectos regulatorios. Por ejemplo, la nueva ley de promoción agraria va a llevar a una mayor automatización de las empresas agroindustriales.
¿Dentro de lo que son los costos productivos, cómo le irá a la mano de obra?,
Precisamente, la automatización busca hacer más eficiente la gestión de operaciones, intentar ser menor intensivo en mano de obras en algunos rubros, como en el caso de la agroindustria, por ejemplo, que ya era una tendencia mundial que al mismo tiempo busca mano de obra más calificada.
¿Qué otros cambios empresariales inmediatos se prevén en la coyuntura actual?
En el sector comercio hoy la gran discusión es cuales son los niveles de pedidos que debe hacer, por ejemplo para atender la campaña de fin de año, sea de materias primas o de bienes de consumo final, importaciones de autos, por ejemplo, en circunstancias como las de ahora en que el tipo de cambio está muy volátil, cuando no queda claro cuál será la tendencia de la demanda porque va a depender mucho de la situación política y de las medidas que se implementen.
¿Qué podemos esperar de acá a 28 de julio y en delante de la inversión privada?
De acá al fin de gobierno la inversión como flujo no se va a resentir porque obedece a decisiones tomadas meses atrás. Diría que a partir de setiembre comenzaríamos a ver un deterioro de la inversión privada si confirman algunos temores que tiene el sector empresarial en este momento. Todo va a estar muy relacionado a quien termine ganando la elección presidencial.
Un escenario puede ser que se confirmen los temores y tenemos una caída en los flujos de inversión, o, por el contrario, vemos una aceleración, un desembalse en de las inversiones. Tenemos hoy un planeamiento empresarial muy complicado porque, a pesar de la incertidumbre, se tiene que decidir hoy como atender el mercado ya que después puede ser demasiado tarde.
¿Y qué panorama ve para el consumo, empleo e ingresos de trabajadores, antes y después del 28 de julio?
El consumo es una variable algo más estable. En Apoyo estamos viendo una posibilidad de mejora en las condiciones de vacunación y si el siguiente gobierno le da continuidad a ese proceso, eso va a ayudar mucho al restablecimiento de las actividades, al retiro de las restricciones en varios sectores económicos. Y eso podría facilitar el empleo y tener una mejor evolución del consumo privado que en el corto plazo depende más de lo que ocurra con la pandemia. Lo crítico hoy para el empleo es la evolución de la pandemia.
SECTOR FINANCIERO
¿Y en el lado financiero, cuál es la perspectiva del dólar, de la bolsa de valores?
Creo que veremos dos momentos. Uno de acá al 6 de junio (segunda vuelta electoral) en el que se verá mucha volatilidad del dólar, moviéndose al ritmo de lo que indiquen las encuestas sobre si la brecha entre los dos candidatos se amplia o se acorta. Y pasada la segunda vuelta va a depender de la conformación de los equipos de gobierno y anuncios de primeras medidas, eso va a ser crítico para lo que suceda después. En general, nosotros estamos previendo mucha volatilidad en el tipo de cambio durante estos meses y recién en la última parte del año una menor variación, dado que las medidas ya estarían más claras. Algo similar es para la bolsa.
¿Y en lo que respecta a los bonos soberanos, el riesgo país, la calificación crediticia por parte de las agencias como Moodys, Fitch y S&P?
En el corto plazo, los organismos calificadores de riesgo soberano ven la capacidad de pago del país y en eso el Perú tiene una trayectoria positiva y capacidad para pagar la deuda. Además, los flujos de duda que demos pagar en los siguientes años son “manejables”. Las dudas vendrían por el lado de que decisiones políticas que podrían afectar la calificación, por ejemplo, decidir dejar de pagar la deuda, pero en este momento son decisiones muy difíciles de prever. Creo que independientemente de quien gane las elecciones, vamos a ver un mayor aterrizaje a lo que es la realidad del país y tomar medidas muchas mas certeras de las que estamos discutiendo hoy.
¿Ven riesgo la calificación crediticia del país?
Desafortunadamente el análisis de riesgo que hicieron las calificadoras respecto de las medidas que podía tomar el Congreso se han ido confirmando con las propuestas regulatorias aprobadas. Lo que puede ayudar a que esa revisión de la calificación no se de es primero el avance en la lucha contra pandemia, ya que mejoraría rápidamente el empleo y no habría argumentos para aprobar medidas como las de retiros de los fondos de AFP.
Lo otro es que va a ser crítico de las primeras medidas que tome el próximo gobierno, las calificadoras van a estar muy atentas a ello, en la conformación de los equipos de gobierno. No veo que las calificadoras tomen una decisión sobre la calificación antes de la segunda vuelta.
POLÍTICA Y ECONOMÍA
¿En lo que resta del 2021, tras la instalación del nuevo gobierno y Congreso, cuáles serían las decisiones económicas fundamentales que deberán tomar en los primeros 100 días?
Es una pregunta difícil de contestar. Para mí es crítico decidir quién estará al frente del BCR y la conformación de su directorio, eso esta en el ámbito de decisión del Ejecutivo. También a quien se nombre presidente de la SBS. Y algo que esta muy ligado al tema económico, y es la ultima barrera de defensa de la legalidad, es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entiendo que el actual Congreso está intentando nombrarlos, pero como fuera, es crítico que se nombre a partir de una valoración meritocrática.
¿Qué otras decisiones son cruciales en ese período?
Una siguiente línea de decisión esta relacionada a la conformación del nuevo Gabinete ministerial, la elección del presidente del Congreso y de los presidentes de las principales comisiones de este, en manos de qué partido quedan las comisiones de Economía, de Defensa del Consumidor, entre otras, que son de donde en el Congreso actual han venido muchas de las medidas populistas que se han dado. Y para este periodo también esta el diseño y aprobación del nuevo presupuesto público para el 2022.
¿Cuántos funcionarios claves debería tener en su equipo un nuevo gobierno a partir del 28 de julio?; ¿Qué perfil y conocimiento de la gestión pública debe tener?
Este tema es importante porque muchas veces uno lo restringe sólo a lo que es el MEF, pero una lección de los últimos años es que los equipos de gobierno deben tener un mayor nivel de integración. Desde el MEF no se puede decir que vamos a crecer en inversión pública, o concesiones, etc., si es que efectivamente en los ministerios claves, como el MTC, por ejemplo, no tienen cuadros técnicos preparados para eso.
Para contestar la pregunta, hay ministerios críticos como el Minem, que tienen tremenda responsabilidad de sacar grandes proyectos de inversión en minería e hidrocarburos, en los siguientes años. Creo que, considerando los ministerios señalados y los organismos reguladores, diría que estamos hablando de una 200 a 300 personas de primer nivel.
¿Y el país los tiene o no?
Las personas están, desafortunadamente, con tantos años de problemas, amenazas con los temas tan complicados de, a veces, excesiva rigidez de parte de la Contraloría, muchas veces desanima a muchas personas calificadas de volver al sector público o pasar del sector privado al sector público. Pero si superamos esta ola de incertidumbre política eso puede cambiar porque estamos viendo un mayor interés de parte de jóvenes profesionales que se van a animar a trabajar en el Estado.
¿Qué tan rápida puede ser la respuesta del aparato del Estado, sobre todo de los gobiernos regionales y municipios, para dinamizar en mayor medida la inversión pública, fundamental para la reactivación?
Creo que sin grandes reformas del Estado es muy poco lo que podemos esperar en lo que respecta a una mayor capacidad y calidad de ejecución del presupuesto de inversión por parte d ellos gobiernos regionales y municipios. En ese sentido las iniciativas que se están haciendo para impulsar la inversión con convenios de gobierno a gobierno ayuda y ojalá permitan también trasmitir ciertas capacidades a esos gobiernos subnacionales en la ejecución del gasto, pero hay que recordar que existen limitaciones fiscales, en el corto y largo plazos, por lo que no podemos tomar todas esas iniciativas y debemos retomar las Asociaciones Público Privadas (APP) hacia adelante, seguramente con algunos cambios para que sean más transparentes y se eviten los problemas que han tenido.
¿Cómo solucionar el problema que representa para la eficiencia en el gasto público la autonomía que tienen esos gobiernos y que impiden una mayor fiscalización?
La palabra clave es institucionalidad, se requieren cuadros técnicos bien preparados en mandos medios de los gobiernos regionales y locales, de manera que cuando se den los cambios de autoridades políticas en los municipios esos cuadros queden y le darían una continuidad ala gestión eficientes. Para ello se requiere un cambio en normatividad que permita cambiar también la forma como vienen trabajando en la ejecución de la inversión.
Dada la complejidad que se enfrenta y la dimensión de la agenda pendiente, ¿cuáles considera que deben ser las tres reformas impostergables para el próximo quinquenio?
Las reformas fundamentales pendientes tienen que ver con la operatividad del estado peruano. Ha habido algunos esfuerzos en ese sentido con Servir y en el régimen CAS, pero los mayores esfuerzos tienen que concentrarse en la institucionalidad del régimen laboral para los trabajadores públicos. Va a ser crítico apuntar hacia un mayor nivel de meritocracia y eso no puede estar limitado al gobierno central sino también a los gobiernos regionales y locales. Si apuntamos a eso, el resto de reformas ya tendrán este punto de partida porque siempre pensamos en la gran reforma (del estado) sin pensar en quiénes la van a realizar.
¿A que se refiere con institucionalidad del régimen laboral del sector público?
Me refiero, por ejemplo, a organismos públicos que, sin darles la autonomía constitucional que tiene por ejemplo el BCR, tengan un nivel de autonomía que permita a los funcionarios públicos de carrera no ser rebasados y cambiados por decisiones políticas, que no han pasado por un proceso de evaluación. Con ello ya se estaría evitando desde el saque el problema en la calidad de las decisiones de inversión pública.
¿Para terminar, qué es lo que más les preocupa a los empresarios de acá a fin de año?
Si bien cada cinco años con las elecciones generales hay cierta incertidumbre, noto en el sector empresarial una preocupación mucho más fuerte que en las elecciones del año 2006, cuando fue la primera participación del presidente Ollanta Humala, noto una mayor tensión, son semanas sumamente complicadas. Pero creo que las empresas no van a esperar, la situación actual (que abarca la pandemia, la coyuntura política y los cambios en la regulación) va a generar, ya está generando, un cambio en la forma en que las empresas miran su negocio en el corto y largo plazo, en la forma en que se hace planeamiento estratégico al interior de las empresas.