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La Corte Suprema falló en contra de las universidades privadas con fines de lucro, quienes interpusieron una demanda de acción popular contra disposiciones que afectaban su derecho al crédito tributario a la reinversión (CTR).
En 1996 se creó el CTR como un beneficio tributario mediante el cual las universidades con fines de lucro podían descontar de su impuesto a la renta a pagar, el 30% de las utilidades reinvertidas en la institución educativa.
Cuando se publicó la nueva ley universitaria y su reglamento, en el 2014 y 2016 respectivamente, se dispuso que este beneficio solo aplicaría por 3 años contados a partir del 2015 y que solo las universidades integralmente acreditadas por la Sineace podrían aplicar a este beneficio. Esto limitaba la aplicación del mismo y lo extinguía del todo en el 2018.
-La demanda-
En ese contexto, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) interpuso una demanda de acción popular (constitucional) contra el reglamento de la nueva ley universitaria, alegando que introducía efectos retroactivos y debido a que a la fecha de la entrada en vigencia del reglamento, la Sineace no daba acreditaciones integrales. De haberse amparado la demanda, el beneficio del CTR continuaría de manera indefinida y sin requisito de acreditación ante el Sineace.
Aun cuando se les dio la razón en primera instancia, los jueces de segunda instancia Pariona Pastrana, Rueda Fernández, Toledo Toribio, Bermejo Ríos y Bustamante Zegarra revocaron dicha sentencia.
De acuerdo a Luis Lescano, gerente general de Fipes, las universidades que impulsaron la demanda no tenían la intención de dejar de pagar tributos, sino aclarar puntos inconstitucionales, y han pagado sus impuestos en el 2017 y 2019.