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En 1916, la ciudad estadounidense de Cincinnati decidió construir un magnífico sistema de transporte subterráneo. Luego de décadas de ineficiencias, la construcción de la obra fue abandonada en 1948 y hoy existen dos millas (3.2 km) de túneles que nunca han sido usados. Este ejemplo admonitorio sigue siendo relevante.
Políticos de todas partes están haciendo llamados para un mayor gasto en infraestructura. Pero pocos sectores tienen un peor historial en lo que respecta a cumplir cronogramas y presupuestos. Si se desea que ese incipiente boom genere mejores resultados, gobiernos y empresas tienen que aprender a adoptar las mejores prácticas aplicadas por algunos países.
La mayoría de países ha implementado planes de estímulo de corto plazo para lidiar con la pandemia. El 27 de diciembre, el presidente Donald Trump promulgó una ley que autoriza gastos por US$ 900,000 millones. Pero también hay apetito para un atracón en infraestructura. El presidente electo Joe Biden quiere gastar US$ 2 millones de millones en carreteras, tendido de redes eléctricas y ferrocarriles, y espera ganar respaldo bipartidista para sus planes.
La unión europea acaba de aprobar un presupuesto de € 1.8 millones de millones (US$ 2.2 millones de millones) y una parte significativa está destinada a inversiones digitales y energéticas. Es entendible ese nuevo encaprichamiento con la infraestructura.
La inversión pública y privada se ha estancado en entre 3% y 4% del PBI a nivel mundial, porcentaje demasiado pequeño para mantener obras envejecidas en países desarrollados –un tercio de los puentes estadounidenses está desvencijado– y para proveer suficiente agua potable y electricidad en el mundo emergente.
Las bajas tasas de interés hacen que el financiamiento esté barato y muchos economistas piensan que el rendimiento por apostar por infraestructura es atractivo. Entretanto, el cambio climático y la digitalización de la economía están creando una vasta demanda por sistemas de energía renovable y de conectividad, incluyendo redes 5G.
En la práctica, sin embargo, el historial de la infraestructura está tan lleno de baches como las autopistas de Bombay. Los incrementos de costos exceden en 25% los originalmente presupuestados y dos tercios de los casos de soborno involucran contratos de infraestructura. China gasta más que todos los demás países, pero quizás la mitad de sus inversiones no tenga valor económico. India tuvo un boom en la década del 2000 que terminó en un lodazal de deuda.
Hasta Alemania tiene dificultades para hacerlo correctamente. Todo esto refleja la existencia de profundos problemas subyacentes. La mayoría de proyectos tiene un horizonte temporal más extenso que el de políticos y votantes, y frecuentemente son únicos en su tipo: China solo tiene una represa de las Tres Gargantas, no seis. Y los beneficios económicos creados por una carretera, por ejemplo, no son recogidos por el Gobierno que está construyéndola.
Pero la amarga experiencia sugiere dos lecciones universales. Primera, los gobiernos deben seleccionar proyectos sistemáticamente, creando una lista única y escogiendo aquellos con mayor rentabilidad social. Esta evaluación debe tomar en cuenta las externalidades, entre ellas el impacto sobre las emisiones de carbono, y los aplazamientos, que son fuente importante del incremento de costos.
Además, la evaluación debe ser efectuada por agencias que tengan autonomía respecto de las que construyen y administran las obras. A menudo, los proyectos seleccionados no serán los resplandecientes santuarios en los que los políticos gustan colocar sus nombres, sino modestas reparaciones y gastos de mantenimiento.
La segunda lección es usar al sector privado. No solo es una fuente de capital –los fondos globales de infraestructura tienen más de US$ 200,000 millones esperando ser desplegados– sino que los proyectos con inversionistas privados tienden a ser mejor administrados. Esto significa desarrollar contratos estandarizados y reguladores autónomos que protejan a los contribuyentes y brinden a los inversionistas certeza razonable de retornos adecuados.
Ambas lecciones podrían parecer obvias. Pocos países, entre ellos Chile y Noruega, lo entienden correctamente. Pero más de la mitad de los países sondeados por el FMI no lleva un portafolio nacional de proyectos. Y en la mayoría, el historial es pasmosamente errático. Estados Unidos está despilfarrando en 5G, pero posee escuálidos aeropuertos y muy pocas estaciones de energía renovable. Europa tiene relucientes aeropuertos y plantas eólicas, pero se halla en la edad de piedra de la tecnología 5G.
La infraestructura es uno de los sectores puestos de lado en los que se pueden obtener beneficios si se copiasen experiencias de otros lugares del mundo. Si se estableciese un parámetro de inversión pública en más de 100 países, la adopción de las mejores prácticas haría que el gasto sea 33% más eficiente. La recompensa sería enorme. Y no habría que esperar un subterráneo en Cincinnati.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2021