Ante el paro de transportistas ocurrido esta semana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a las empresas a permitir el teletrabajo entre sus empleados, como una medida de flexibilización.
“El MTPE exhorta a los empleadores a priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la ley del teletrabajo y su reglamento”, detallaron en un comunicado el jueves 26 de septiembre.
Este pedido del Gobierno trajo consigo la interrogante de cuántos trabajadores, efectivamente, pueden acogerse a esta modalidad, cuyo uso -en cierta figura- tuvo un incremento significativo con la inmovilización por la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con información del propio MTPE, a mayo último, solo sobre el sector privado, en el país, 199,671 personas realizan teletrabajo en alguna forma, es decir, bajo el esquema completo o mixto y considerando a trabajadores de dirección y de confianza. Esto es ligeramente menor a los 200,133 que trabajaron en esta modalidad el mes anterior. Entre febrero y mayo, la cifra estuvo entre los 193,000 y 200,000 personas.
En detalle, se reportó que 73,852 trabajadores del sector privado cuentan con la modalidad de teletrabajo completo y con teletrabajo mixto, 70,534. Esto no considera a los trabajadores de dirección y de confianza.
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Gonzalo Manrique, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que era esperable que se registre una caída de esta modalidad respecto a la época de la pandemia, en medida que se abría la actividad económica y se regresaba a la “normalidad”.
Manrique señaló que la cifra de alrededor 200,000 personas que realizan teletrabajo en todo el sector privado parecería poco. Sin embargo, advirtió que “hay un sesgo que no se puede medir, dada la informalidad que habría en esta modalidad”. “Hablamos de personas que trabajan desde sus casas, pero no están registradas con contratos de teletrabajo. Hay limitada información pública al respecto”, comentó. De hecho, la cifra que recoge el MTPE es a partir de solo lo declarado en las planillas electrónicas.
El analista del IPE precisó que el universo potencial de trabajadores que podría acogerse a esta modalidad dependerá, más allá sector económico al que pertenezcan, a la función que realiza. “Naturalmente, las personas que trabajan en oficinas tienen más posibilidades de hacer teletrabajo”, apuntó.
¿Se desalentó el teletrabajo?
Aymé Límaco, abogada laboralista, destacó que el teletrabajo es una herramienta útil en contextos como el ocurrido esta semana en Lima Metropolitana y Callao. Para tareas que no son de operarios, permite que no se pierda la fuerza de trabajo en la economía, que el teletrabajador resguarde su integridad y el empleador no vea afectada su cadena de productividad.
Sin embargo, junto a Alicia Jiménez, asociada principal del área laboral de PPU, advirtieron que la reglamentación del teletrabajo interpuso una serie de restricciones para su aplicación.
“La modalidad del teletrabajo está siendo regulada por una ley bastante rígida. Se exigen acuerdos formales, que el empleador haga una revisión de las condiciones en la que se ejecutará el teletrabajo, el espacio físico, temas relacionados al consumo de luz, de Internet, condiciones ergonómicas, entre otros. Tiene una serie de requisitos que, siendo técnicos y apegados a la ley, no puedes aplicarlo de un día para otro, como ante la sola exhortación del Gobierno”, precisó Jiménez.
Límaco señaló que, siguiendo la normativa al detalle, para realizar teletrabajo y no ser sancionado por la Sunafil, se requiere de un contrato especial con contenidos mínimos, como llenar una ficha de autoevaluación sobre las condiciones físicas donde se trabajará.
“Si Sunafil sería estricta, diría que no se puede aplicar de la noche a la mañana el teletrabajo en varios casos. Sería incongruente también que ocurra dado que es el Gobierno mismo, pero el caso sirve para evidenciar ese exceso de rigidez. Se ha formalizado tanto la normativa sobre esta modalidad que se termina teniendo una reglamentación bastante estricta”, puntualizó Límaco.
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Ambas laboralistas coincidieron en que las recientes dificultades para que los trabajadores se movilicen sirvió para repensar el planteamiento de esta modalidad y su ejecución. Más aún, considerando que este esquema de trabajo está pensando en un escenario de flexibilidad.
“Ante este contexto de paros, se debería considerar ampliar el espectro para levantar temporalmente las restricciones. En la normativa se permite las excepciones de todos estos requisitos para casos de desastres naturales, pero no ante casos de paros, como los ocurridos esta semana”, señaló Límaco.
“La ley es bastante exigente y lo que termina haciendo es inhibir al empleador de usarla. No se da mucha libertad a nivel contractual”, complementó Jiménez.
Siguiendo esta idea, la laboralista de PPU mencionó que la norma tendría que reducir en, al menos, 50% los requisitos y/o disposiciones que establece para realizar teletrabajo. Algunas de las modificaciones que puedan realizarse deben apuntar hacia una mayor flexibilidad para que las empresas ajusten esta modalidad a la necesidad de su negocio.
“Esto debería definirse entre las partes: empleador y trabajadores. No de manera general y absoluta, como lo es hoy. Por ejemplo, en los centros de labores tienen hasta dinámicas distintas. En esta oportunidad, debe desregularse la normativa de esta modalidad”, precisó Jiménez.
Límaco refirió que, siguiendo el espíritu de una mayor flexibilidad del teletrabajo, en otros países, incluso, se permite dividir la jornada laboral para poder realizar actividades personales, como quehaceres del hogar.
Jiménez coincidió en este punto, destacando que otras regulaciones aprovechan la flexibilidad del teletrabajo, tanto en trabajadores como empleados, para potenciar la productividad laboral. “Hay flexibilidad de ambas partes para que se ejecute en las condiciones y naturaleza que se requiera. En el Perú, en cambio, el estándar es muy exigente, el nivel de especificación es muy alto”, subrayó.
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Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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