En la víspera el INEI reportó que la tarifa eléctrica residencial en Lima Metropolitana subió en casi 1% en mayo, con lo cual acumula un aumento de 13.3% en los últimos doce meses (a nivel nacional el incremento de la tarifa llega a 13.6%).
Desde el año pasado ha sido notoria la tendencia al alza de la tarifa electrica, la cual está regulada y se actualiza a través de variables como la cotización del dólar, el precio del cobre y el índice de precios al por mayor.
Al respecto, Rafael Laca, experto en temas eléctricos, refirió que si bien es probable que en junio las tarifas no suban en el mismo nivel que en mayo, debido a la caída de la cotización del dólar el mes pasado, existe un panorama incierto para los próximos meses.
“El alza en el último año ha sido considerable, no podemos tener una tarifa que suba constantemente, eso afecta sobre todo a quienes tienen menos ingresos”, subrayó.
En febrero de este año el Ejecutivo promulgó la ley Nº 31429, la cual modifica el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), para aumentar el número de beneficiarios del subsidio a la tarifa eléctrica residencial y también elevar el nivel del subsidio.
Actualmente el FOSE da subsidio a parte de la tarifa eléctrica pagada por los usuarios residenciales con un consumo mensual de hasta 100 Kw.h/mes. El costo es pagado por el resto de usuarios que tienen un consumo mayor a ese límite y el recargo se refleja en el recibo mensual.
Con la ley se amplía el número de beneficiarios para quienes consuman hasta 140 Kw.h/mes. Además, se eleva el monto del subsidio.
Como resultado de ello, según las estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con la aplicación de la ley, los actuales 4.8 millones de beneficiarios (60% del total de usuarios a nivel nacional) se ampliarán en casi 800,000 nuevo beneficiarios, para llegar a los 5.6 millones (69% del total).
Y las tarifas para todos estos usuarios residenciales bajarían entre 0.9% y 15%, según su nivel de consumo.
La ampliación del subsidio no implicará un costo adicional para el Estado, pues será financiado con un recargo en la tarifa para los usuarios libres (2,552 empresas), que aún así tendrán una tarifa competitiva, indicó el Minem en aquel momento.
Pero un detalle no muy conocido de la ley es que recién entrará en vigencia en enero del 2023.
Esto llama la atención pues la ley es producto de un proyecto enviado por el Ejecutivo en diciembre del 2021 con carácter de urgencia. En el proyecto se indicaba que, de ser aprobado, aplique de inmediato, a partir de enero del 2022.
El proyecto fue aprobado por el Congreso en febrero del 2022, y en el texto final se cambió la fecha de puesta en vigencia por enero del 2023. Este cambio no fue observado por el Ejecutivo, que en aquel momento promulgó la ley.
Gestión.pe solicitó al Minem una entrevista para conocer si existe justificación para el cambio de fecha de vigencia de la ley y la posibilidad de adelantar su aplicación, pero tras varias semanas de insistencia no hemos obtenido respuesta.
Para Laca no habría una justificación técnica para dar un plazo tan largo para la puesta en vigencia de la ley, ya que la adecuación de los contratos de las compañías del sector no toma tanto tiempo. “No se debe esperar hasta el 2023, es una medida que se requiere para paliar con urgencia la economía familiar”, anotó.
En ello coincidió el exministro de Energía, Pedro Gamio. “El alza de precios está afectando el presupuesto de los peruanos. Al preocuparse más por el alza de los combustibles, el gobierno dejó de priorizar en la agenda el tema eléctrico”, refirió.
Por otro lado, hacia el mediano plazo, Gamio recomendó al Ejecutivo incentivar la participación de generación eléctrica solar y eólica, pues sus costos de producción han bajado en los últimos años. Actualmente solo representan el 5% de la generación total, pero hay un potencial para llegar al 20%, indicó.
“Este potencial ya está siendo visto por algunas grandes compañías. Por ejemplo, el proyecto minero Quellaveco será abastecido por energía eólica”, anotó Gamio.