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El último martes, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuellar, anunció en la Comisión de Vivienda del Congreso de la República que está proponiendo un paquete de reformas administrativas y tarifarias, que incluiría revisar el rol de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en la regulación del servicio de saneamiento.
La ministra del MVCS argumentó que Sunass se tiene que alinear a la política de cierre de brechas (del Gobierno), tras reclamar que a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) no les alcanzan las tarifas (que fija dicho regulador) para realizar las funciones de operación y mantenimiento de sus servicios.
En entrevista a Gestión, Mauro Gutiérrez, presidente de la Sunass, reveló que tal propuesta ya se encuentra para debate en la Comisión del Consejo de viceministros (CCV), y que ha planteado observaciones a la misma.
¿Qué plantea el proyecto del sector?
La iniciativa del ministerio -explicó Gutiérrez- propone modificar el Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de Servicios de Saneamiento, de forma que varios de los componentes de la fijación tarifaria, sean establecidos, directa o indirectamente, vía reglamentaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
Pero, lo más preocupante, según consideró el funcionario, es que, en ese proyecto modificatorio, se está estableciendo el autofinanciamiento (del servicio de agua potable y alcantarillado) a través de las tarifas.
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Al respecto, explicó que esta propuesta la ha lanzado dicho ministerio, en el marco de la delegación de facultades para legislar que le ha otorgado el Congreso al Poder Ejecutivo, y que éste ha asegurado que esa iniciativa no irrogará gastos adicionales al Estado. “Eso implica que cualquier modificación que se desarrolle allí, va a tener que ser financiada (solo) por tarifas”, subrayó Gutiérrez.
En principio, cuestionó que tal proyecto se haya introducido en el ámbito de tal delegación de facultades, pues cuando el Gobierno las solicitó, en su exposición de motivos, no mencionó ninguna modificación normativa relacionada a la regulación tarifaria.
Riesgos
Además, indicó que ese tampoco es el marco para hacer un cambio en la regulación del sector saneamiento, por cuanto este requiere un análisis del impacto regulatorio, en un debate público y abierto.
En el aspecto de fondo, Gutiérrez advirtió que en una regulación tarifaria bajo el MVCS, ese sector podría en cualquier momento (y bajo cualquier administración) bajar artificialmente las tarifas si cree que están muy altas, dejando sin sostenibilidad a la EPS, o subirlos si cree que algunos de los componentes del costo de operación están muy bajos.
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Citó, como ejemplo de esto último, que (el sector) podría decidir incrementar las tarifas argumentando que se necesita fijar salarios más altos (en las empresas operadoras), pero sin que ello implique mejorar el servicio. En tal sentido, Gutiérrez indico que otro riesgo (de asumir la regulación tarifaria el MVCS) lo ven por el lado técnico.
“La tarifa es un componente que debe ser definido técnicamente para evitar que se considere que ha tenido interferencias”, anotó, señalando que la determinación técnica de las tarifas por parte de un organismo regulador es una práctica que evalúa la OCDE para determinar la madurez de un sistema.
Cofinanciamiento
En general, Gutiérrez aseguró que Sunass comparte el objetivo del sector de que debe haber un cierre de brechas en las inversiones en saneamiento, considerando que ésta llega a S/120,000 millones (proyectado al año 2030).
No obstante -si bien la propuesta busca que todo el servicio se sustente sólo en las tarifas-, el presidente de Sunass subrayó que, de todas maneras, se requiere el cofinanciamiento (subsidio del Estado) para poder cerrar esa brecha, tan igual como se puede aplicar, por ejemplo en el caso del transporte público.
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¿Cuánto se invierte desde el Estado?
Detalló que la inversión pública en saneamiento oscila entre S/5,000 a S/6,000 millones al año, mientras que, en cada quinquenio regulatorio, se capta recursos (vía tarifas) entre S/3,000 a S/4,000 millones.
“La necesidad (demanda del servicio) es mucho mayor que la capacidad de financiamiento; eso conlleva a que sí, debe haber cofinanciamiento”, insistió, además de señalar que se necesitan tarifas que permitan financiar parte de las inversiones, pero con proyectos sustentados con estudios de perfil.
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En cualquier caso, el titular del ente regulador de saneamiento reconoció que se puede mejorar la regulación, como por ejemplo del lado de los esquemas de subsidio cruzado (del servicio de agua y desagüe), pero a través de reglamentaciones propias de ese organismo.
Impacto regulatorio
Tal mejora, añadió, se debe hacer previo análisis de su impacto regulatorio, a través de un proceso abierto, recibiendo las opiniones de los involucrados, y siguiendo estándares internacionales, y recomendaciones de la OCDE, como hasta ahora ha seguido Sunass.
“En el marco de la separación de competencias, se pide que la autoridad especializada en la materia, los reguladores, establezcan este tipo de situaciones”, puntualizó.
Mauro consideró que, si se quieren introducir cambios regulatorios mayores en el sector saneamiento, se pue den desarrollar, pero como parte de una propuesta de ley específica, que permanezca en el tiempo.
Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
