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Antes de que la invasión rusa a Ucrania comenzara, el precio internacional del barril de petróleo ya reflejaba una tendencia al alza. Para mitigar su impacto directo en el mercado peruano, en diciembre del 2021, el gobierno de Pedro Castillo publicó el Decreto de Urgencia Nº 109-2021 en el que -entre otros- destinó S/ 200 millones para impulsar las conversiones de vehículos de gas licuado de petróleo (GLP) a gas natural vehicular (GNV).
La norma también dispuso que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), financie por hasta S/ 30 millones el desarrollo de programas de acceso de GLP Automotriz en las zonas que no cuenten con establecimientos de venta de GNV -es decir, fuera de Lima- hasta por un periodo de seis meses.
Pero a tres meses de la publicación del decreto, ninguna reconversión a GNV de las 100,000 que se tenía previsto se ha realizado, perdiendo la oportunidad de que más usuarios obtengan un ahorro de hasta 60% frente al costo del petróleo. Simplemente la norma no ha sido implementada, de acuerdo a información compartida por Erick García, ex jefe de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
En cambio, el Poder Ejecutivo ha preferido volver a echar mano del Fondo de Estabilización de Precios para palear la actual subida del precio del crudo -la gasolina en varios grifos de la capital cerró la semana por encima de los S/ 21 el galón-.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no ha detallado cuánto le costará al Estado incluir al Fondo al gasohol de 84 octanos, las gasolinas de 84 y 90, el diésel 2 S-50 y el GLP a granel (destinado a taxistas). Pero cuando en el 2021 se incluyó al GLP envasado, se estimó en S/ 200 millones el gasto por solo tres meses.
Estas últimas decisiones del Poder Ejecutivo irían en contra de la misma política energética que el actual gobierno propuso y defendió en la campaña electoral -de masificar el gas natural- “porque se está incentivando a que se siga usando más diésel y no energías más limpias. Todos estos problemas son cíclicos, entonces, cuando vuelva a subir el petróleo en el futuro ¿volveremos a recurrir al fondo?”, cuestionó Renato Lazo, especialista en derecho de hidrocarburo y gas natural, y ex gerente en la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesp), quien dijo a Gestión.pe que -en efecto- no se ha realizado a la fecha ninguna reconversión vehicular en el marco del decreto de urgencia.
Gestión.pe solicitó información al Minem sobre los avances en la implementación del decreto urgencia pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Cabe indicar que, a la fecha, no se ha designado a un nuevo jefe de la Dirección General de Hidrocarburos, aunque como encargado temporal asumió Denis Tapia Rodríguez el pasado 24 de diciembre.
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A ello se suma -de acuerdo a Renato Lazo-que todas las concesiones de gas -menos la de Lima-, atraviesan diversos problemas para su desarrollo, por ejemplo: Contugas, en Ica, registra altas tarifas por errores propios del concesionario pero también por errores en el diseño del modelo de la concesión lo cual es error del Estado peruano.
En tanto, la concesión del Norte y la del Sur (que son por transporte virtual de gas natural) tienen también problemas tarifarios pues no son competitivas contra los combustibles sustitutos como el GLP. La concesión de Piura, además, atraviesa un problema judicial con la posibilidad de que un antiguo y cuestionado concesionario -Gastalsa- se quede nuevamente a cargo dela distribución.
Pensar en el mediano plazo
No es un secreto que entre los recursos que abundan en el Perú está el gas natural. Sin embargo, aún son pocos los vehículos convertidos a GNV -el 85% de ellos está solo en Lima-; y tampoco hay políticas de promoción y subsidio para convertir el transporte pesado y de pasajeros a GNL. “Si eso se hiciera habría un impacto en la canasta familiar, el gobierno se ahorraría huelgas, porque ya no dependes del combustible importado”, explica Lazo.
Hacia adelante, propone que el Estado podría destinar los presupuestos que ahora se irán al Fondo de Estabilización de Precios y a la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los transportistas, a la inversión en estaciones de servicios de GNL.
“Cada estación está valorizada en cerca de S/ 20 millones, solo hace falta una por región porque el GNL le permite a un vehículo conducir por al menos 1,000 kilómetros. El gobierno debe entender que como país solo tenemos 30 años para el uso del gas natural antes que se transite a otro tipo de energía”, manifestó.
Pero además de Camisea, no hay nuevos yacimientos de gas natural. En esa línea, Samuel Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) apuntó a la promoción de más explotación y exploración de gas y petróleo. “Hoy casi todos los combustibles son importados y por eso nos afecta el alza internacional; y el poco crudo que producimos es pesado y no es lo óptimo para los vehículos”, recordó.
