La SNI pide eliminar norma que los obliga a negociar con sindicatos

Miguel Juape Pintomjuape@diariogestion.com.pe

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) cuestionó judicialmente la legalidad de la norma que regula el arbitraje potestativo, para lograr una eventual suspensión de su aplicación y luego su inaplicación final, dijo Luis Salazar, presidente del gremio.

La SNI presentó una demanda (acción popular) en el Poder Judicial para expulsar del ordenamiento legal la norma (reglamento) que regula el arbitraje potestativo, al considerarla inconstitucional.

El gremio cuestionó el hecho de que los sindicatos obliguen a las empresas a acudir al arbitraje potestativo aduciendo "mala fe", ya que esto se presta a múltiples interpretaciones, quedando a la discrecionalidad de los árbitros.

Es decir, la SNI está buscando eliminar del ordenamiento legal la norma que los obliga a negociar con los sindicatos de manera obligatoria, en desmedro de una solución directa.

Salazar dijo que es extraño que se imponga una instancia ajena (el tribunal arbitral) para decidir cuestiones claves para empresas: aumento de sueldos y otros.

Menor competitividadAgregó que las empresas al ser cautivas de los sindicatos están obligadas a ir a un arbitraje potestativo, y si se genera tienen resultados que les representan costos imposibles de asumir, sobre todo en ramas afectadas por la crisis externa y competencia desleal del contrabando y subvaluación.

Todo ello ha generado que las relaciones laborales se judicialicen y generen que el Estado tenga juicios con más de cinco mil empresas, aseveró.

Por ello, dentro de cuatro meses se podría resolver en primera instancia el proceso judicial. De ser favorable, la SNI pedirá la suspensión del arbitraje potestativo para todas las empresas, dijo.

CuestionamientosDe acuerdo a las normas de la OIT, que sirven para interpretar la Constitución, el arbitraje potestativo solo se debe dar en casos excepcionales de servicios esenciales (salud, policial y otros), o de crisis nacional aguda (como el caso de España), explicó el experto Luis Arbulú.

Por su parte, el constitucionalista Omar Sar, dijo que el D. S. que aprobó el arbitraje potestativo es inconstitucional, pues distorsiona los mecanismos contemplados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (que regula un arbitraje voluntario), y además un D. S. no puede prevalecer a una ley (pues es de menor jerarquía).

Respecto al precedente del Tribunal Constitucional (TC), sustento de la norma del arbitraje potestativo, el experto Omar Sar precisó que no se trata de un precedente obligatorio y que solo resuelve un caso concreto (caso de portuarios).Además, señala que el D.S. que regula el arbitraje potestativo incorpora otros supuestos diferentes a los establecidos por el TC (contenido de la negociación y el tema de la mala fe).

AlternativaPara Arbulú, es posible una solución intermedia, suspendiendo el arbitraje potestativo y lograr una revisión en el Consejo Nacional de Trabajo, para establecer reglas claras sobre los casos de mala fe y otros, de manera consensuada.