Para ComexPerú -como parte de la llamada segunda reforma agraria impulsada por el Gobierno de Castillo- se necesitará atender las limitaciones que enfrenta el mercado laboral agrario para permitir que el mayor progreso se traduzca en mejores condiciones de empleo y de vida para los trabajadores del sector.
En particular -refiere en su última publicación- el sector agrario es el más precario en esta materia, pues alcanzó la mayor tasa de informalidad, con 97.4% en el segundo trimestre del 2021 y superó en 22.8 puntos porcentuales (pp) el promedio nacional del 74.6% para el mismo periodo, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Asimismo, registra la mayor tasa de empleo vulnerable, con un 74.2% en el segundo trimestre de 2021 (+26.4 pp respecto del promedio nacional). Ambas tendencias se mantienen desde hace varios años.
“Estos resultados nos indican que casi todos los trabajadores del sector agrícola carecieron de beneficios sociales de ley o laboraron en empresas que evaden la ley, lo cual también afecta a una proporción considerable de trabajadores no vulnerables (dependientes, obreros y empleadores o patrones), y suma 1′163,285 empleos agrícolas, lo que equivale a un 25.8% del total de empleos agrícolas”, detalló.
Si bien la tasa de empleo vulnerable es mayor en el sector agrícola con respecto al resto de sectores, es importante considerar que la cantidad de empleos no vulnerables supera a la mayoría, solo por detrás de lo registrado en los sectores comercio y servicios.
En ese sentido -subrayó- existe espacio y necesidad para pensar en intervenciones eficaces y directas que faciliten la creación de empleos adecuados, como significó la versión original del Régimen Laboral Agrario.
-Régimen laboral agrario-
El Régimen Laboral Agrario fue creado para fomentar el desarrollo del sector a través de la creación de puestos de trabajo formales. Para ello, otorgaba beneficios a los empleadores a través de reducciones en los costos de contratación, similar a las facilidades contempladas en los regímenes especiales para micro y pequeñas empresas.
En ese sentido, a pesar de ser un régimen con beneficios laborales reducidos respecto al Régimen General, el Régimen Laboral Agrario consideraba una Compensación por Tiempos de Servicio (CTS) y gratificaciones legales en las remuneraciones diarias otorgadas (en contraste, el régimen laboral de microempresas no contempla estos beneficios), indemnización por despido arbitrario, vacaciones, participación en las utilidades y seguridad social (pensiones y seguro de salud).
A pesar de los aspectos que tenía por mejorar, el Régimen Laboral Agrario contribuyó considerablemente a la reducción de la pobreza al generar un mayor progreso en las regiones agroexportadoras, como La Libertad, Lambayeque, Ica y Piura. Tanto es así que la pobreza de los trabajadores agrícolas de estos departamentos se redujo, en promedio, 50 puntos porcentuales entre 2004 y 2007, como destaca una investigación del Banco Central de Reserva del Perú.
Lamentablemente, tras las huelgas y los paros de los agricultores del año pasado contra este régimen (que solo aplicaba a una fracción mínima de trabajadores, debido a que la mayoría de ellos son informales), se le hicieron algunos cambios.
Estos tenían como finalidad igualar sus beneficios laborales con el Régimen General, que es el más costoso de todos para los empleadores.
Comex detalló que la situación que resulta preocupante al considerar que el Régimen General implica un costo laboral adicional del 45.97% a los empleadores, lo que supera ampliamente al de las microempresas (5.93%) y las pequeñas empresas (27.14%), según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Además, el nuevo reglamento también adicionó una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), equivalente al 30% de un salario mínimo, la cual podría acordarse como pago mensual o prorrateado.
Esto conllevó a que, en la práctica, la mayoría de los trabajadores saliera del Régimen Laboral Agrario, pues entre noviembre y diciembre del año pasado se redujeron 406,439 de estos contratos (-77.3%), según el MTPE. Esta tendencia continuó durante los siguientes meses, hasta alcanzar apenas los 7,914 contratos asociados con dicho régimen en junio de 2021.
En particular, sucedió una migración masiva del Régimen Laboral Agrario al Régimen General, el cual ahora predomina en el sector agrícola. De acuerdo con el MTPE, en diciembre de 2019, un 86.5% de los contratos formales correspondía al Régimen Laboral Agrario; en diciembre de 2020, apenas lo hacía un 19% de ellos.
En contraste, la proporción de contratos formales del Régimen General aumentó del 11% al 77.7% durante el mismo periodo.
Para Comex, con esta migración masiva entre regímenes, se perdieron todos los beneficios que gozaba el sector en materia de empleabilidad, lo que desincentiva mayores contrataciones y evita que nuevos empleadores consoliden planillas formales.
Incluso, a mediados de 2021, los mismos agricultores realizaron manifestaciones, pero esta vez contra los cambios realizados al Régimen Laboral Agrario, ya que aseguraban que antes de las modificaciones estaban en una mejor situación.
Cabe mencionar, además, que incluir al sector agrícola en el Régimen General es contraproducente por un factor que no suelen tener otros sectores, como es la temporalidad de las cosechas. La producción y las exportaciones ocurren por temporadas; por ejemplo, un 39.8% del total de envíos agrícolas en 2019 se dieron durante el cuarto trimestre.
“En ese sentido, resulta necesario el diseño de un régimen laboral acorde con las necesidades del sector, el cual requiere de una mayor flexibilidad para aprovechar la temporalidad de las cosechas y exportaciones, la cual suele ser, inclusive, clave en el éxito de las segundas, por la ventana de oportunidades que genera respecto de otros países”, acotó.