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Las modificaciones introducidas desde el 2016 al Sistema Privado de Pensiones (SPP) dieron mayor flexibilidad a los afiliados de AFP para disponer de sus fondos.
En efecto, con tales innovaciones ahora los afiliados pueden retirar del 95.5% de sus fondos en AFP al momento de jubilarse a la edad legal (65 años), o mediante la jubilación anticipada por desempleo (REJA).
Además, los afiliados de cualquier edad pueden usar el 25% de sus fondos previsionales para cubrir la cuota inicial de un crédito hipotecario para adquisición de vivienda o para prepagarlo.
En resolución publicada el 16 de agosto último, la SBS indicó que “dado este marco regulatorio de mayor flexibilidad sobre las opciones de retiro y/o pensión en el SPP (…) es necesario precisar que los afiliados que hacen uso de su fondo de pensiones bajo la opción de retiro de hasta el 95.5%, así como del uso de hasta el 25% de su CIC (cuenta individual) de aportes obligatorios, para el pago de la cuota inicial o amortización de un crédito hipotecario destinado a la compra de un primer inmueble, cumplan con restituir en su CIC la totalidad de los fondos que hayan retirado, incluyendo el número de cuotas que fue materia de retiro, para poder posteriormente acceder a la Libre Desafiliación Informada a fin de retornar al SNP (Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la ONP)”.
En esa línea, la SBS refirió, en la resolución, que deben establecerse modificaciones al procedimiento operativo recogido en la Ley N° 28991, aprobado en el 2007, a fin de acceder a la Libre Desafiliación Informada.
Ello, añade, “toda vez que el saldo de la CIC (cuenta individual del afiliado de AFP) a transferir a la ONP estaría incompleto o sería nulo, producto del ejercicio de la opción de retiro realizada por los afiliados en el marco de lo dispuesto en las citadas Leyes (del retiro del 95.5% y 25% de fondos de AFP)”.
Pese a estas modificaciones, que explicitan que los afiliados de AFP que quieran retornar a la ONP deben primero restituir los fondos retirados, la SBS manifestó que no ha restringido ni hecho más difícil el acceso de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones a la libre desafiliación informada y retornar al Sistema Nacional de Pensiones, que está vigente desde el año 2007 (Ley N° 28991), ni ha modificado sus requisitos.