Promoverán nuevos productos de ahorro de largo plazo para jóvenes

El Gobierno aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera, para contribuir con el desarrollo económico a través de un mayor acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de la población.

Entre otros aspectos, destaca que el ahorro a largo plazo es crucial para el desarrollo y bienestar del país, al permitir a los individuos mantener un poder adquisitivo estable en las diferentes etapas de su vida, incluida la vejez, cuando ya no tendrán ingresos laborales.

Argumenta que este permitirá a los individuos redistribuir sus ingresos en el tiempo, mantener un nivel de vida similar al que tenían durante la vida laboral y cubrir gastos de salud e imprevistos, evitando caer en una situación de pobreza en la vejez, lo cual cobra especial relevancia por las tendencias demográficas que apuntan a una mayor esperanza de vida.

“Ello muestra la necesidad de desarrollar servicios versátiles que resulten atractivos para aquellos que aún no se encuentran preparándose para la vejez, e incluso servicios que permitan diversificar y complementar las estrategias de aquellos que ya empezaron su preparación”, se menciona en la Política de Inclusión.

Así, refiere que la Encuesta de Estrategias de Ahorro a Largo Plazo 2017 evidenció que si bien la población más joven prefiere el ahorro previsional fuera del sistema financiero, es el grupo etario que más predisposición tiene por hacerlo en una institución financiera, lo que supone una oportunidad para reorientar dichos ahorros.

Inversión

Esta situación difiere de los grupos de mayor edad, que más bien buscan realizar una inversión en algún negocio que les asegure una vejez digna.

En tal sentido, el Gobierno considera que un reto a afrontar es diseñar servicios de largo plazo que generen valor en la juventud. Esto es especialmente importante para los independientes que, en su mayoría, no aportan a ningún sistema de pensiones, dice.

Los objetivos prioritarios de la mencionada política de inclusión son generar una mayor confianza de la población en el sistema financiero; contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de las personas, y mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.

Otras prioridades son desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros y fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

Objetivos. La Política Nacional de Inclusión Financiera regirá hasta el 2030. Para entonces, algunos objetivos son que el 75% de la población tenga una cuenta de ahorro en el sistema financiero, y que el 43% de las personas con bajo riesgo acceda a un préstamo. Se espera desarrollar los aliados comerciales de AFP, a fin de aumentar los aportes.