¿Las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre el contrato de concesión con la empresa argentina Pluspetrol pueden afectar a la economía peruana de tal manera que generen mayor pobreza entre los peruanos?
El último domingo, Bellido convocó por twitter a la empresa concesionaria del gas de Camisea para renegociar al reparto de utilidades a favor del Estado, señalando que, en caso de una negativa, se optaría por la nacionalización. En la víspera (lunes), fue a las oficinas de Pluspetrol para entregar el oficio que daría inicio a la renegociaciones.
Juan Jose Marthans, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y director del área de Economía del PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura; el economista Jorge Gonzales Izquierdo; y el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), Marcel Ramírez, explican el impacto de este tipo de declaraciones en el nivel de pobreza del país.
Juan José Marthans
“La turbulencia y el ruido político, resumidos en declaraciones como las de Bellido, están haciendo tremendo daño a la economía peruana, estos elementos promueven la desaceleración y menor predisposición a invertir en el país. Por lo tanto, vienen hipotecando la oportunidad de generar mayor empleo y reducir la pobreza”.
Marthans señaló que estos anuncios “destrozan” la imagen del Perú y lo estancan en materia productiva, pues se acusa al sector privado de explotador. “Bajo este tipo de señales se vuelve más nítido el doble discurso desde el gobierno. Si la inversión no crece como debería, entonces la suerte está echada en Perú”, indicó.
Afirmó que las expectativas son bastante negativas y que para revertir ello se necesita de un cambio sustancial en el gabinete, que Vladimir Cerrón se aleje del gobierno y responda a las investigaciones fiscales y se otorguen las condiciones para la promoción de la inversión privada, a la par de las reformas estructurales que se necesitan desde hace mucho.
“La desconfianza está descapitalizando a Perú, pues se dan incentivos para que los agentes saquen sus recursos del país. La estabilidad de precios y crecimiento son condiciones necesarias para evitar que aumente la pobreza, sin esto es absolutamente imposible”, dijo.
Añadió que el actual contexto podría ser la antesala a una segunda etapa más delicada, donde no solamente haya ruido político, sino que se traduzca en una progresiva merma en los fundamentos de política económica del Perú, explicado por la insistencia de miembros del gobierno de cambiar la constitución y, sobre todo, el capítulo económico.
Jorge Gonzales Izquierdo
“En la medida que se mantenga o aumente la incertidumbre política, económica e institucional que se está viviendo desde el 28 de julio, con picos en mensajes como este (de Bellido), las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros seguirán siendo pesimistas. Con ello la posibilidad de que el país alcance un ritmo de crecimiento adecuado sería baja, lo que en consecuencia evitaría la reducción de la pobreza en una magnitud esperada para un país como el Perú”.
Gonzales Izquierdo señaló que la experiencia del Perú desde al 2008 al 2019, indica que cuando el ingreso per cápita crece a un ritmo promedio anual de 4%, la pobreza se reduce en dos puntos porcentuales por año. Sin embargo, para que el ingreso per cápita logre este desempeño, el PBI debe crecer al menos 5% al año.
En ese sentido, mencionó que, para que esto se consiga, uno de los motores principales es el crecimiento de la inversión privada, la cual tendría que crecer, en promedio, más de 5% anual.
“La inversión privada se determina principalmente y en fundamentos por las expectativas que tienen los inversionistas nacionales y extranjeros sobre el futuro inmediato de la economía peruana. Estos indicadores responden a señales como los mensajes de las autoridades”, manifestó.
Marcel Ramírez
“Las decisiones que se tomen alrededor de grandes proyectos van a impactar en las oportunidades y niveles de pobreza de la población. El Perú tiene la necesidad de cerrar brechas más que cualquier otro país, porque son persistentes; por lo tanto, las señales deben estar orientadas a generar inversión. Mensajes en contra siempre generan pérdidas”.
Ramírez afirmó que el efecto directo de este tipo de señales sería en las personas de localidades que ya se encuentran rezagadas, y que todavía dependen de la correcta gestión de su territorio respecto a sus recursos naturales.
“El foco de las autoridades está en los proyectos relacionados a los recursos naturales, y justo estos proyectos se encuentran en localidades donde hay mayores brechas en por ejemplo, la pobreza”, indicó.
Señaló también que Bellido dio una señal “dura” y no como algo natural en una relación contractual, sino una imposición por parte del Estado, indicando así la fragilidad de los compromisos. “Tenemos un mensaje que anuncia justicia en recuperar recursos en favor de algunos sectores de la población. La percepción de justicia es el caldo de cultivo para este tipo de mensajes, en donde se podría realmente no mejorar la condición de nadie, lo cual es lamentable”, manifestó.
Añadió que el no otorgar claridad a los privados los llevaría a optar por ambientes con mayor predictibilidad, esto en un contexto de recuperación de sectores y con personas que aún se mantienen desempleadas.
“El gobierno parece no tener claro lo importante de este tema. Todo mensaje así de radical, genera incertidumbre y pospone decisiones. El efecto de este tipo de discursos podría ocasionar incluso tener una contracción en la inversión el siguiente año, repercutiendo en la generación de empleo”, advirtió.