Petroperú deberá pagar hasta US$ 8 millones por la demora. (Foto: GEC)
Petroperú deberá pagar hasta US$ 8 millones por la demora. (Foto: GEC)

El gerente de Finanzas de Petroperú, Fernando de la Torre, anunció que pedirá al directorio de la estatal autorización para demandar a la consultora PwC, al negarse a firmar el contrato para auditar sus estados financieros.

“Estoy presentando al directorio, en el transcurso de la semana, un pedido para que autorice a iniciar acción legal contra PwC”, indicó el ejecutivo en diálogo con RPP.

De acuerdo a un hecho de importancia presentado por Petroperú ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la consultora internacional PwC (antes PricewaterhouseCoopers) se negó a firmar el contrato para realizar la auditoría porque la estatal exigía una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo, en lugar de los dos años que planteaba la auditora.

No obstante, De la Torre afirmó que la decisión de PwC obedece a otros motivos, como su designación al frente de la gerencia corporativa de Finanzas y la del CPC Álvaro Torres como contador general.

Además, según el funcionario, en el documento entregado por PwC se lista un tercer argumento, que es el pedido de adelanto de fecha de entrega del informe de auditoría, desde el 15 de junio al 31 de mayo.

“Lo más grave es que ponen como razón que nosotros les habíamos pedido que entreguen los estados financieros auditados el 31 de mayo. Esa es una condición en todos nuestros créditos internacionales. Los señores de PcW conocían esto. Ellos nos han auditado 2017, 2018, 2019 y 2020″, apuntó.

De la Torre explicó que, como consecuencia, la Contraloría General de la República deberá convocar un nuevo concurso, lo cual tomará un mes. Después de elegirse al ganador, la nueva auditoría tardará cinco meses en terminar, más allá del plazo requerido.

“Nos obliga a acudir a todos los bonistas del exterior a través de un banco de inversión y pedir su consentimiento de una entrega tardía”, anotó.

El representante de Petroperú indicó que este proceso, que toma 60 días, significará un egreso de hasta US$ 8 millones para la compañía estatal.

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