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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) alista el fortalecimiento de sus acciones de supervisión y fiscalización a la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, con la próxima implementación de una serie de actualizaciones normativas, así como con la adopción de modernas herramientas tecnológicas, acordes con las necesidades actuales de los usuarios.
Para ello, se están implementando herramientas que permiten focalizar los esfuerzos de supervisión de la calidad del servicio de telecomunicaciones. “Por ejemplo, hemos iniciado la operación de la herramienta denominada ‘tablero de control OSIPTEL’, que permitirá recolectar aproximadamente 75 millones de mediciones mensuales, y que analiza y compara información entre empresas móviles en más de 600 distritos a nivel nacional para evaluar la calidad del servicio de internet móvil que ofrecen”, señaló el presidente del Consejo Directivo del Osiptel, Rafael Muente.
A la par, el regulador trabaja en incorporar la evaluación de la calidad del servicio de Internet fijo y móvil a través de mediciones automatizadas, con las que se incrementará, de forma sustancial, la cantidad de mediciones y localidades supervisadas, se crearán rankings comparativos y se coadyuvará a gestionar reclamos de usuarios sobre la calidad del servicio de internet. “Se espera que el sistema automatizado de medición esté operativo en julio de 2022”, proyectó.
Muente hizo estos anuncios durante su presentación en la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República, que se llevó a cabo tanto de manera presencial, en la sala Francisco Bolognesi, como de manera virtual, para explicar las acciones de fiscalización que realiza Osiptel a las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones.
“No estamos satisfechos con la calidad de la prestación de los servicios que ofrecen las empresas operadoras a los usuarios y estamos trabajando para que mejoren”, resaltó Muente tras indicar que del total de reclamos que efectúan los usuarios a las empresas operadoras, el 60 % corresponden a la empresa Telefónica del Perú. Caso similar en el caso de incumplimiento de resoluciones, pues aproximadamente el 70% de ellas son de Telefónica del Perú.
En ese sentido, señaló que en los últimos cinco años se impusieron multas a las empresas operadoras por más de S/ 255 millones ante incumplimientos normativos en diversas materias. Además, en ese periodo, Telefónica del Perú fue la empresa más multada, al acumular S/ 108 millones en sanciones firmes, equivalentes al 42 % del total impuesto, muy por encima de otras empresas operadoras, como Bitel (17 %), Entel (17 %), Claro (15 %) y otras empresas (9 %).
En tanto, Muente detalló que tras revisar las multas impuestas entre el 2018 y el primer semestre del 2021, el 40 % de las sanciones correspondieron a la inconducta de las empresas operadoras respecto a las normas de calidad de servicio, entrega de información (16 %), así como de portabilidad (9 %) y del sistema biométrico y no biométrico (8 %), principalmente. Aclaró también que los recursos obtenidos por las multas fueron destinados al fondo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Para complementar las acciones de supervisión y fiscalización a las operadoras, el Osiptel también implementó compromisos de mejora, un mecanismo de supervisión, con enfoque preventivo, que incentiva a las empresas operadoras a cumplir con la óptima prestación de servicios de telecomunicaciones en un tiempo más corto, frente a un esquema sancionatorio que podría extenderse por años.
Fortalecimiento del Osiptel
Finalmente, el presidente del Osiptel indicó que para fortalecer las funciones del ente regulador es necesario fijar los esfuerzos en seis puntos claves, entre ellos, el garantizar la plena autonomía administrativa y económica del regulador, incrementar la capacidad fiscalizadora con poderes de incautación y aumentar el tope sancionador a límites superiores y similares a otras entidades reguladoras.
