Por Nicolás Dassen
Especialista Senior de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID

Hay muchas maneras de definir conflictos de interés, pero la frase del título lo resume en términos coloquiales. Un conflicto de interés ocurre cuando un funcionario público hace uso de su posición para beneficiarse directa o indirectamente, como contratar de proveedor a la empresa de un familiar, o emitir una regulación indebidamente, favorable a un sector o industria con la idea de trabajar allí al finalizar su mandato público.

El escándalo de Lava Jato con epicentro en Brasil y remezones en toda América Latina ha dejado claro que los mecanismos para identificar y prevenir los conflictos de interés que se adoptaron en las últimas dos décadas no han funcionado como se esperaba. Nuestras regulaciones tienen fallas. Y algunos funcionarios sin integridad lo han aprovechado para sentarse a los dos lados del mostrador.

Leyes imperfectas y aplicación deficiente

Los ciudadanos esperan que los funcionarios públicos actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones y sin buscar beneficios personales.

También es cierto que en los principales cargos del Gobierno, en especial los de confianza, se debe designar a personas calificadas y con conocimiento específico del sector que deberán regular y supervisar. Es cada vez más frecuente que estas personas provengan del sector privado y tengan o hayan tenido intereses allí.

El resto es cómo se incorporan a la función pública asegurando que actuarán sin que esos intereses entren en colisión con el interés público. Las leyes para prevenir conflictos de interés justamente están para resolver este dilema.

¿Cuáles son las principales fallas? A veces, el problema es que las leyes tienen definiciones de conflictos de interés poco operativas. A esto se suma que los remedios administrativos que ofrecen son pocos y difícilmente aplicables.

Además, muchas veces el organismo encargado de aplicar estas leyes no tiene ni las facultades suficientes ni el personal debidamente entrenado para aplicar correctamente la ley. Por si todo esto fuera poco, las declaraciones juradas de intereses que los funcionarios están obligados a presentar suelen requerir información irrelevante o están en formato papel, lo que dificulta utilizar los datos en forma eficiente.

Ingredientes para el control del conflicto de intereses

¿Cómo lograr que estas personas puedan ejercer sus obligaciones públicas de manera imparcial? ¿Cómo lograr que los ciudadanos confíen que las decisiones que toman los funcionarios son legítimas y no en función de sus propios intereses?

Al respecto, desde nuestra institución hemos preparado un estudio para explorar los desafíos y oportunidades en torno a los sistemas de control de conflicto de intereses. Nuestra conclusión es que la solución pasa por fortalecer tres ejes: el marco legal, el órgano de aplicación, y la declaración jurada de los funcionarios.

• El marco legal debe definir correctamente los conflictos de interés y ofrecer un esquema amplio de remedios cuando ya han tenido lugar. Para curarse en salud, es importante que el marco legal incorpore un proceso ágil para la evaluación de candidatos a ocupar altos cargos públicos antes de su designación.

Prevenir el conflicto de interés es tan importante como poder actuar con contundencia cuando se detecta un caso. Un buen sistema legal tiene que incluir un amplio catálogo de remedios, desde reasignar las funciones del funcionario hasta su separación del proceso de toma de decisión.

También se pueden prever plazos de carencia anteriores o posteriores a ocupar el cargo para evitar lo que se conoce como “puerta giratoria”, la prohibición de ser proveedores del Estado a través de empresas o familiares directos, la obligación de desprenderse de acciones de una empresa, o la de constituir un fideicomiso ciego para que un tercero administre la cartera de bienes de un funcionario sin que éste sepa en qué se invierte.

• Los órganos de aplicación tienen que tener independencia para cumplir sus funciones y contar con suficiente presupuesto y recursos humanos. Dicho órgano debe también establecer qué, cuándo, cómo y ante quién se debe declarar, quiénes pueden conocer la declaración, y qué ocurre en caso de incumplimiento con su presentación. Además, este organismo debería estar encargado de recibir denuncias, realizar investigaciones de oficio y decidir sobre la aplicación de sanciones y/o medidas remediales (recusación, excusación, venta de activos, etc.).

• Declaraciones juradas completas y digitales. Para que el órgano de control sea efectivo, es necesario que pueda manejar una base de datos digital con las declaraciones juradas. Eso tiene dos propósitos. Primero ayudar a que las personas completen al menor costo posible el trámite, brindando información relevante.

Segundo, que el órgano de aplicación pueda realizar minería de datos, cruzar información con otras bases de datos y mejorar su capacidad de prevención. Junto con los temas de tecnología, hay que promover procesos de decisión transparentes.

Por ejemplo, la organización de audiencias públicas, la publicación de información sobre concursos públicos y la difusión pública de declaraciones juradas o de las agendas de reuniones de los funcionarios han añadido una dimensión de control y transparencia hasta ahora desconocida.

Establecer una política efectiva de prevención de los conflictos de intereses es una tarea compleja. Es la paradoja de la captura de talento desde el sector público: el Estado quiere poder atraer al mejor talento de cualquier industria, pero al mismo tiempo tiene que asegurarse que los vínculos de ese trabajador con su industria no excedan los límites legales y éticos. En política pública, no se puede tolerar que alguien se siente a los dos lados del mostrador.