A menos de 40 días para que culmine el año 2020, la recaudación de tributos municipales -impuesto predial, impuesto vehicular, arbitrios, entre otros- no atraviesan su mejor momento tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, señaló a Gestión.pe que usualmente dentro del primer trimestre de cada año se recaudaba entre el 30% y 50% de tributos, sin embargo, con las restricciones establecidas por el Gobierno para contener el avance del coronavirus - que inició en la quincena de marzo pasado- dicha recaudación se ha visto paralizada.
De este modo, señaló que si bien históricamente, en Lima existía una morosidad entre el 60% y 80% del pago de impuesto predial y arbitrio; la pandemia del COVID-19 hizo que dicho indicador se incremente y supere este rango.
“La morosidad a nivel de Lima, Lima Sur o Lima Este, sufría con una morosidad entre 60% a 80%. Hoy eso ha subido sustancialmente y ya está complicado que se pueda dar continuar de los servicios. El Ejecutivo y el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) ha estado dando recursos extraordinarios, pero que poco ha ayudado”, sostuvo.
Agregó que entre los servicios esenciales que corren el riesgo de no seguir efectuándose son los de recojo de residuos sólidos, limpieza, seguridad ciudadana, entre otros.
Reactiva Municipal
Frente a esta situación, Paz de la Barra indicó que se plantearán dos medidas para compensar dicha caída. La primera, impulsar el proyecto de ley Reactiva Municipal, que propone que los municipios puedan acceder a créditos con tasa preferencial, tal y como funciona el programa Reactiva Perú.
Precisó que este proyecto -presentado en abril pasado ante el Ejecutivo- ahora ha sido tomado por la bancada de Alianza para el Progreso y se espera que pueda ser aprobada lo más ante posible en el Parlamento.
“El congresista Luis Valdez la está haciendo suya (el proyecto de ley) y lo presentará a la Comisión de Presupuesto para que lo más antes posible se pueda tener un dictamen a favor y presentarlo al Pleno del Congreso. El objetivo es que pueda estar (aprobada) antes de fin de año”, sostuvo.
Precisó que las municipalidades tiene capacidad de endeudamiento con el sistema financiero, tomando en cuenta que tienen flujos proyectados basados en el pago de arbitrios, impuesto predial, recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y canon.
“Los montos (de créditos) ya lo ve cada entidad bancaria de acuerdo a los flujos que pueda tener cada municipio. Se espera que entre un 20% y 25% pueda ser usado para gasto corriente y lo demás para inversión pública porque con inversión pública también reactivamos la economía. Con ese 20% y 25% podemos garantizar parte de los servicios esenciales municipales como el recojo de residuos sólidos y seguridad ciudadana”, dijo.
Autonomía tributaria
La segunda propuesta que se impulsará es la autonomía tributaria sobre el impuesto al rodaje por parte de los municipios, aunque esta iniciativa tomará más tiempo y se espera que pueda cristalizarse a inicio del 2021.
A la fecha, el 8% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplica cada vez que alguien compra gasolina es destinado a la Sunat y luego ésta la redistribuye por medio del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a los gobiernos locales.
La propuesta desde el AMPE es que en lugar que el dinero sea destinado a la Sunat, el dinero se quede en el distrito donde se realizó la compra de dicho combustible, pues se considera que cuando la distribución lo realiza el ente tributario “no hay equidad”.
“En cambio, si hubiera autonomía tributaria para la recaudación directa del impuesto al rodaje sería potente porque estaríamos con un recurso nuevo y fresco, y con eso podemos también generar mayor inversión pública”, dijo Paz de la Barra.