Uno de los proyectos que trabaja el Ejecutivo es la Ley General de Ordenamiento Territorial, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que entre otras medidas busca definir qué actividades económicas se puedan realizar y qué actividades no, aunque en este aspecto el Tribunal Constitucional ya se pronunció en contra de este tipo de medidas.