Esta semana el Ejecutivo emitió normas referidas a próximas restricciones para los no vacunados contra el COVID-19.
Así, se establece que desde el 15 de diciembre no podrán ingresar a lugares cerrados, públicos y privados, quienes no cuenten con la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, las empresas con más de diez trabajadores no podrán realizar actividades presenciales si todos los empleados no están vacunados.
Al respecto, empieza a surgir un debate respecto a la constitucionalidad de estas normas. Para César Abanto, asociado del estudio Rodríguez Angobaldo, estas restricciones sí podrían tener visos de inconstitucionalidad, ya que se vulnerarían derechos como el poder trabajar.
Refiere que aún si se hubiera aprobado una ley con estas restricciones podría ser un norma inconstitucional. “Incluso si se aprobara una ley, sería inconstitucional, pues se vulneran otros derechos. No puedes obligar al trabajador a vacunarse”, subrayó.
Agrega que si bien no todas las personas pueden presentar una acción de inconstitucionalidad, lo que podrían hacer algunos es presentar una acción de amparo contra las nuevas restricciones. “Y lo que resuelva el juez se aplicaría solo a su caso, no a todos”, apunta.
No obstante, para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, las nuevas restricciones sí son constitucionales, pues refiere que todos los derechos fundamentales pueden sufrir restricciones o limitaciones.
“Ningún derecho es absoluto. El punto está en que estas limitaciones o restricciones sean razonables. Por ejemplo, el derecho de libre tránsito está limitado por que se tenga un DNI, el derecho para salir del país es limitado por que se tenga un pasaporte y un registro y, así, sucesivamente”, refiere.
Para Quiroga sí resulta razonable la exigencia de la vacunación, pues hay un fin superior que es el velar por la salud de las personas.
“Eso justifica largamente la exigencia del certificado de vacunación para ejercer determinadas actividades sociales, laborales, escolares o universitarias. La protección de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, es una evidente condición de razonabilidad frente a las exigencias ahora planteadas”, sostiene Quiroga.
El Ejecutivo ha señalado que en los próximos días emitirá nuevas normativas con más precisiones sobre las próximas restricciones.
Al respecto, para evitar futuras demandas contra las restricciones será importante que en esas próximas normas se den flexibilidades a las restricciones, indicó César Abanto.
“La norma debe ser clarificada. Por ejemplo, no puede ser que por una persona que no quiera vacunarse se afecte la actividad de toda la empresa, no se puede afectar la libertad de empresa”, anotó Abanto.