Ley de incentivos para plantaciones forestales: ¿cuáles serían sus efectos en la Amazonía?

En el “Pleno Agrario” del pasado viernes, el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Incentivos para las Plantaciones Forestales, presentado por el congresista Federico Pariona con el objetivo expreso de impulsar la producción de madera mediante el incremento de las plantaciones forestales y a la vez contribuir con el cuidado del medioambiente. Sin embargo, existen dudas sobre los verdaderos efectos que tendría la autógrafa.

¿Cómo se incentivarán las plantaciones?

De acuerdo con la norma aprobada, se crearía un Fondo Forestal, que será administrado por el Serfor, en el que se reunirá el presupuesto que distintas instituciones públicas tienen destinado a fines de reforestación. En el caso de que empresas privadas hagan aportes a este fondo, estos serán deducidos como gasto en su declaración de impuesto a la renta.

Este fondo se utilizará para devolver a los inversionistas, en el plazo de dos o cuatro años, el 100% del dinero que hayan destinado a la inversión en plantaciones forestales.

Los beneficiarios

Según Pariona, presidente de la Comisión Agraria, esta ley beneficiaría principalmente a las comunidades indígenas y campesinas que tienen proyectos de reforestación y podrían producir madera para mejorar su economía.

No obstante, para el economista Jorge Chávez Álvarez, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), el plazo de devolución hace posible prever quiénes se beneficiarán con este fondo.

“¿Qué ciudadano común o comunidad indígena va a tener recursos para plantar 1,000 árboles y mantenerlos por dos años, hasta que el Estado le devuelva el dinero? Para plantar y mantener 10 hectáreas se necesita invertir unos US$ 200,000. Eso es algo que solo las grandes empresas podrán hacer”, dijo a Gestión. Así ocurre en Chile, señaló, donde existe una ley similar que es aprovechada casi exclusivamente por importantes grupos empresariales.

“De ser promulgada, sería la única norma en la historia del Perú en que el Estado le devuelve al empresario el 100% de lo invirtió, el empresario no estaría invirtiendo”, expresó.

Peligro de deforestación

Además, indicó Chávez, un incentivo consistente en la devolución del 100% de la inversión alimentará el apetito por las plantaciones más comerciales, de eucalipto y palma aceitera, “especies que no son naturales de nuestra Amazonía y que generan impactos muy negativos en la tierra”, lo que derivaría en un incremento de la deforestación.

Incluso, advirtió, podría replicarse un grave fenómeno que afecta a Chile: los incendios forestales intencionales, cuyo objetivo es ampliar las áreas disponibles para plantaciones.

Por su parte, Juan Luis Dammert, investigador de Oxfam Perú, consideró que si bien la idea de la reforestación con fines comerciales es positiva, mediante una adecuada reglamentación se debe evitar que los incentivos a entregar produzcan un incremento de la deforestación.

“Esto podría implicar el acaparamiento de tierras y que derive, de forma perversa, en tráfico de tierras, debido a que los incentivos van a fomentar el interés por conseguir tierras donde se puedan desarrollar estos proyectos de reforestación. Nada de eso está especificado en la ley, ni para ponerle candados ni para abrir ventanas. Es todo muy genérico. Hay que ver cómo se va a implementar para evitar que se originen incentivos perversos para la deforestación y el tráfico de tierras”, comentó.

En tanto, la Asociación Forestadora del Perú (Foresta Perú), integrada por empresarios del sector forestal, también cuestionó esta norma, al coincidir en que la devolución del 100% del monto invertido "podría incentivar la deforestación". 

"Nos preocupa la ejecución de esta ley, que pueda estar orientada en favor de ciertas empresas", agregó Javier Rivera, presidente de Foresta Perú.

Colocar candados

Con respecto a estas observaciones, el congresista Pariona considera que hay aspectos en la norma que podrían ser mejorados mediante su reglamentación, pero no especificó qué medidas podrían incluirse para evitar que el fondo sea acaparado por los grandes capitales.

Según dijo a Gestión, en la elaboración de esta propuesta participaron 70 comunidades indígenas y campesinas que son candidatas a beneficiarias.

“Eso no se va a dar (que las grandes empresas acaparen el fondo), porque lo que nosotros buscamos que los recursos que tiene el Estado, como el canon forestal, se transformen en bosques y a la vez beneficien a las comunidades originarias. La ley puede ser mejorada mediante algunos candados que se deben incluir en el reglamento para que beneficie a las comunidades. Se debe implementar sanciones y otras medidas para evitar que se genere más deforestación”, manifestó.

En opinión de Chávez Álvarez, no bastaría con una buena reglamentación para cumplir los fines que la norma aprobada se plantea.

“Esta ley no sirve. Lo que se debería hacer es sacar una ley para crear un fondo destinado a desarrollar clústeres (organizaciones de propietarios de tierras) en distintas zonas de la Amazonía, crear soluciones adecuadas a esas realidades. El fondo no debe ser para regalar la plata del Estado, sino para subsidiar el desarrollo de viveros, por ejemplo, investigación sobre especies o estudios de demanda, eso va a traer beneficios permanentes”, expresó.