Guillermo Westreicher H.gwestreicher@diariogestion.com.pe
La cuestionada Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones(SPP) fue promulgada hoy ante la sorpresa de la opinión pública.
José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho la UPC, indicó que l"a norma entra en conflicto con los principios del régimen económico establecidos en el capítulo primero del título tercero de la Constitución de 1993. Específicamente, con el artículo 61 que estupula que ninguna ley ni concertación puede establecer monopolios.
"El artículo 61 responde a una visión dinámica del mercado.No solo es importante la competencia sino la posibilidad de competir. La reforma está estableciendo un monopolio temporal y reemplaza la decisión del afiliado por la del superintendente que va a decidir dónde se va a matricular", señaló.
Sardón indicó que, si bien es cierto actualmente las AFP se ven obligadas a contratar con el usuario, se debe distinguir órdenes de decisión.
"El primer orden es si se ahorra o no, donde no existe libertad. En el segundo sí, porque se refiere a escoger entre el sistema público y privado. Finalmnete, el tercero es la elección sobre la AFP. Cada nivel tiene autonomía respecto a los otros, y los márgenes de libertad deben protegerse e incluso ensancharse", sostuvo.
Asimismo, para Sardón, la licitación planteada en la reforma tiene una dimensión moral cuestionable, porque "se subastan afiliados como si fueran reses".
"Se está acogotando a las AFP al extermo. La venta de servicios deberá cumplir con los estándares de probidad que establezca la SBS. Se están debilitando los mecanismos del mercado y violando la Constitución", aseveró.
Otras opinionesSegún Juan Carlos Cortés, abogado laboralista y docente de la UPC, el debate se centró en el aspecto ideológico, pero se debe tomar en cuenta la actuación de las AFP en el pasado.
"Las AFP fueron irresponsables. Pensemos en la falta de información, las comisiones en la época de crisis, la responsabilidad en los procesos judiciales, etc. Si esto se suma a una presión política para reducir las comisiones, puede resultar en un mounstrito", manifestó.
Asimismo, Cortés presentó dos preocupaciones: Primero, sobre la información, porque la mayoría de afiliados no entiende lo que ha sucedido ni las fórmulas planteadas. El segundo, es la deuda que tiene el Estado respecto a aus trabajadores en las AFP, que es un monto importante.
"Si la subasta es compatible o no con la Constitución, se debe discutir con más tiempo. Incluso, ahora mismo la libertad de contratación está limitada porque la AFP tiene la obligación de aceptar al afiliado", afirmó.
Por su parte, Iván Alonso –economista director de la consultora Alonso y Asociados- calificó como vergonzosa la forma de legislar en nuestro país.
"El MEF nombró a una comisión de expertos para que estudiaran el tema durante meses. Nunca se supo qué pasó. Si existe algún informe se quedó dormido en el escritorio del ministro", indicó.