Durante el 2023, el Perú enfrentó un incremento de la conflictividad social que significó un máximo histórico de 1,261 acciones colectivas de protestas en el primer trimestre del año, según la Defensoría del Pueblo.
Si bien estas disminuyeron a lo largo del año, aún se mantienen muy por encima de sus niveles de la década previa y han tenido efectos persistentes sobre la economía y la confianza para invertir.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) compatió en exclusiva con Gestión un informe sobre lo que se espera para este año. La posibilidad de un escenario similar en 2024 es un riesgo latente que puede amenazar la recuperación económica prevista.
Conflictividad en aumento
En 2023, el Perú enfrentó un significativo aumento de la conflictividad social y acciones colectivas de protestas, principalmente en el sur del país, ocasionando notables efectos adversos sobre la economía y el empleo. En los últimos tres trimestres de ese año, se registraron 300 acciones de protestas en promedio cada mes, el doble del promedio mensual de la década anterior, evidenciando un entorno de mayor inestabilidad social y política.
El año pasado, la zona sur del país concentró la mayoría de las protestas a nivel nacional. Solo en diciembre, las regiones del sur registraron 89 acciones colectivas de protestas, lo que representa el 38% de las 235 registradas a nivel nacional.
Estas estuvieron principalmente concentradas en Arequipa (29), Puno (17) y Cusco (16). Producto de ellas, la actividad económica registró un impacto negativo significativo, especialmente durante la primera mitad del año, mostrando efectos más persistentes que lo anticipado inicialmente.
El sector minero, que representa el 38% del PBI de la zona sur, sufrió el bloqueo de vías y tomas de instalaciones de unidades de producción. Una de las regiones más afectadas fue Puno, donde la mina San Rafael detuvo sus operaciones más de mes y medio, ocasionando una disminución de 48.1% en la actividad minera en la región durante el primer trimestre de 2023. Sin la conflictividad social, el IPE estima que la economía de Puno habría crecido 4.7% en el primer trimestre del año, en lugar de la caída observada de 9.6%. Además, el bloqueo del corredor minero sur el primer trimestre del año impactó fuertemente sobre la producción metálica en Apurímac (-14%).
El clima de conflictividad también significó la paralización de las actividades vinculadas al turismo, como transportes, alojamiento y restaurantes. Por ejemplo, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el arribo de visitantes extranjeros a los establecimientos de hospedajes se redujo 16% en Cusco y 38% en Puno entre enero y octubre de 2023, mientras que a nivel nacional creció 0.5%. Además de su efecto inmediato sobre la economía y el empleo, la conflictividad social conllevó al deterioro del atractivo del país como destino turístico, lo cual tomará tiempo revertir.
Empleo e inversión
La contracción del sector servicios impactó significativamente sobre el empleo y la recuperación de los ingresos de las familias. En las ciudades principales de cinco de las siete regiones del sur del país, el empleo disminuyó durante los tres primeros trimestres del 2023. En Puno, el retroceso fue de 11.2%, mientras que en Cusco y Arequipa de 5.0%. Esto contrasta con el crecimiento de 0.4% del empleo urbano a nivel nacional en el mismo periodo. Aunque parte de la caída del empleo en el sur responde a la disminución del sector agropecuario, afectado por factores climáticos, dicho escenario se ha visto agravado también por la menor actividad en el resto de los sectores.
Más aún, el episodio de violentas manifestaciones y bloqueos de carreteras en las regiones del sur deterioró la confianza del sector privado para ejecutar nuevos proyectos de inversión, evidenciado en la persistencia de las expectativas empresariales en terreno negativo a lo largo del 2023.
Prueba de ello es que los despachos de cemento en estas regiones acumularon un retroceso de 15% hasta noviembre de 2023, cifra que supera a la caída en el resto del país (-10%). Este resultado se dio en un contexto de ausencia de inversiones que sustituyan la puesta en operaciones de Quellaveco y una menor disponibilidad de liquidez en los hogares para destinarlo hacia el gasto de autoconstrucción.
Al agregar estos efectos, el IPE estima que, sin el significativo repunte de la conflictividad social, el sur del país hubiese podido crecer alrededor de 4% durante el 2023, en lugar del 3.1% que habría registrado al cierre del año pasado. Esta diferencia se explica principalmente por las repercusiones negativas de los conflictos sobre la actividad minera en los primeros meses del 2023.
Mirada 2024
Para el 2024, el IPE estima que el crecimiento de la zona sur sería de 2.8%, en un contexto de menor dinamismo de la minería ante la disipación del efecto Quellaveco. Ello sería parcialmente contrarrestado por el mayor avance de la actividad agrícola, tras una de sus mayores crisis en las últimas décadas y la recuperación de rubros vinculados al turismo.
Sin embargo, este escenario base se encuentra sujeto a riesgos provenientes de la elevada incidencia de protestas, particularmente en el Corredor Minero Sur, vía clave que conecta importantes yacimientos mineros con los puertos de Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua).
De los 65 conflictos mineros identificados a nivel nacional al cierre de 2023, 54 se concentran en el sur, con la mitad de ellos ubicados en el tramo Apurímac-Cusco del Corredor Minero, cerca de las minas Las Bambas, en Apurímac, y Constancia y Antapaccay, en Cusco.
En un escenario donde la conflictividad y protestas escalen a sus niveles de 2023, la actividad de la zona sur podría verse nuevamente afectada por la paralización de yacimientos ubicados en el corredor minero, y por una menor confianza empresarial que limitaría la recuperación de los sectores vinculados a la inversión como la construcción. Bajo este escenario, el IPE estima que la proyección de crecimiento de la zona sur se ajustará en aproximadamente un punto porcentual, pasando de 2.8% a solo 1.9%, lo que costaría S/1,500 millones.
Para evitar estos resultados y revertir las pérdidas de empleo y mayor pobreza que trajo la conflictividad y recesión del 2023 a la zona sur del país, es clave que las autoridades responsables garanticen una gestión efectiva de la conflictividad y soluciones que promuevan el desarrollo a largo plazo.
Fernando Gonzales, economista sénior del IPE
“Poner en marcha la cartera de inversión minera del sur del país, por un monto de más US$ 23 mil millones, permitiría un impulso notable del crecimiento y empleo, contribuyendo al incremento de los ingresos en las familias y la reducción de la pobreza. Gatillar este potencial requiere de una gestión efectiva de la conflictividad, priorizando el diálogo. Culminado el primer año de operaciones de Quellaveco, esto se torna urgente para seguir creciendo y asegurar la mejora sostenida del bienestar de la población.
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