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El Perú sufre una crisis política crónica que genera alta inestabilidad en los tres poderes del Estado, especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La inestabilidad política en el actual quinquenio (2021-2026) creció significativamente: 16 mociones de censura y 75 mociones de interpelación desde agosto del 2021, frente a 2 mociones de censura y 23 interpelaciones entre 2016 y 2021.
Esta situación agudizó el deterioro institucional en la administración pública. Por el Ejecutivo, solo desde julio del 2021 hubo 134 nombramientos de ministros. Las carteras más inestables son Interior (13 ministros hasta la fecha), y Desarrollo Agrario y Riego (10 ministros).
El actual tiempo promedio de una gestión ministerial no llega a seis meses y en este reducido plazo es imposible la adecuada ejecución de políticas gubernamentales.
Se registra también una baja cohesión de las agrupaciones políticas representadas en el Congreso de la República. Desde julio del 2021, 55 de los 130 congresistas migraron a otras bancadas y se crearon ocho nuevas. Este nivel de fragmentación es evidente cuando se observa que más de dos tercios de los congresistas del partido oficialista migraron a seis bancadas o no se han agrupado.
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La alta inestabilidad política contrasta con la relativa estabilidad macroeconómica del país. Lo anterior llevó a que algunos analistas apelen al concepto de “cuerdas separadas” al analizar la relación entre economía y política. Sin embargo, este concepto no se condice con la realidad. De hecho, existen estudios recientes que identifican de manera cuantitativa el potencial impacto que la inestabilidad política puede tener en nuestra economía.
Un documento de investigación del Consejo Fiscal (CF) encuentra que, en periodos recientes, un choque de expectativas –variable influenciada directamente por el grado de estabilidad política– afectaría la inversión privada entre 30% y 40% más que hace dos décadas. Así, el choque de expectativas constituye la principal fuente de incertidumbre para la inversión privada, pues representa en promedio el 65% de su variabilidad, mientras que los factores externos representan el 21%.
Además de la confianza empresarial y el entorno de negocios en el país, existen dos factores internos que determinan el dinamismo de la inversión privada: la inversión pública y el marco institucional para facilitar la ejecución de proyectos. El estudio del CF halla que, en el corto plazo, un aumento de 1% en el crecimiento de la inversión pública en un determinado año incrementaría la dinámica de la inversión privada en 0.46% en ese mismo año.
Pero la incertidumbre genera una menor inversión pública por los costos producto de la ineficiencia en la gestión, las altas rotaciones de cuadros técnicos y las controversias e inacciones que paralizan proyectos. A esto se suman los desincentivos a la toma de decisiones que la Contraloría tiende a introducir cuando penaliza la discrecionalidad de funcionarios públicos. Frente a ello, la mejor acción ante el temor de futuras sanciones tiende a ser la inacción.
Por otro lado, las iniciativas populistas del Congreso derivan en un incremento del gasto público, pues se aprueban leyes que el Ejecutivo, en este alto entorno de inestabilidad, fue incapaz de frenar.
Este contexto restringe la capacidad del Gobierno para implementar políticas adecuadas que impulsen la inversión, además de erosionar el marco institucional del país. Al 2022, el Perú registró un retroceso en el índice de eficacia de gobierno y el índice de control de corrupción, en comparación a los demás índices de gobernanza (estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo, calidad regulatoria, estado de derecho, voz y rendición de cuentas). Todo lo anterior genera el impacto mencionado en el estudio del CF.
Más fragmentación
En las próximas elecciones generales podríamos llegar a tener 58 candidatos presidenciales, una cifra sin precedentes. De hecho, 35 de ellos ya están habilitados para tentar a la Presidencia. Esto significa que tendríamos más del doble de partidos que en las últimas elecciones, a lo que debemos sumar que el Congreso aprobó volver al sistema bicameral.
Así, la elección del 2026 contaría teóricamente con 35 candidatos, con 35 listas de postulantes a la Cámara de Diputados, con 130 candidatos haciendo campaña por el voto preferencial dentro de cada lista (4,550 campañas individuales), más 35 listas con 60 candidatos al Senado también haciendo campaña por el voto preferencial (2,100 campañas individuales).
Lo previsible es un escenario de gran desorden que conducirá a una fragmentación extrema del voto y agudizará los problemas de gobernabilidad que se arrastran desde el 2016.
¿Cómo reducir tan alta fragmentación política? La politóloga Milagros Campos, en su libro “Propuestas del Bicentenario: Rutas para el desarrollo institucional”, planteó que, además de la bicameralidad y la reelección de autoridades subnacionales, se debe permitir la reelección parlamentaria inmediata; abrir la posibilidad de acusar al presidente durante su mandato por graves delitos o faltas, y eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente, entre otros.
La sostenibilidad de la recuperación económica del país está condicionada a la capacidad de encarar la frágil institucionalidad, que continúa siendo exacerbada por una crisis política que no da tregua. Salir de este “mal equilibrio” supone poner en marcha reformas políticas que demandan priorizar el bien colectivo por encima del interés individual. Esto, a su vez, supone una mayor participación política de la ciudadanía que hoy está más abocada a suplir sus necesidades materiales mínimas en un país sin rumbo claro y gobernado por una clase política que no está a la altura de las circunstancias.
En este contexto, corresponde a las entidades de la sociedad civil, como la academia y los think tanks, tomar una actitud mucho más proactiva. Dotar a la opinión pública de propuestas de política sustentadas en evidencia que den luces sobre cómo resolver los problemas que más agobian a la población y plantear opciones para el ejercicio de un voto más informado.
El desafío de revertir la degradación institucional
Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Las “cuerdas separadas” son un mito en el Perú. En el pasado, esta aparente situación no era tan evidente por la estabilidad macroeconómica dominante y porque periodos de bonanza externa permitieron holgura en el manejo de la política fiscal. Sin embargo, son cada vez más evidentes las consecuencias adversas de la inestabilidad política en nuestro potencial de crecimiento y perspectivas de progreso. El cortoplacismo tiende a ser la norma, prevalece una marcada discontinuidad en la ejecución de políticas públicas, y alcanzar consensos políticos mínimos para adoptar reformas se torna una tarea cuesta arriba.
Nuestro sistema político polarizado y fragmentado carece de legitimidad y representatividad, ampara la corrupción, prioriza intereses particulares e ilegales, desprecia la meritocracia. La necesidad de reformas se hace impostergable. Pero, ¿cómo hacerlo si los llamados a implementarlas son justamente los principales responsables de los problemas mencionados?
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