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Ayer, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) resolvió definitivamente –a través de una resolución ministerial– el contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) suscrito hace siete años con Azteca Comunicaciones debido –principalmente– a su bajo uso, ya que a la fecha no existen instituciones públicas conectadas a esta red.
La red dorsal –de más 13,500 kilómetros de fibra óptica y que demandó más US$ 323 millones– fue concebida como una gran infraestructura de telecomunicaciones cuyo objetivo era llevar internet a las zonas más alejadas del país y conectar escuelas, centro de salud, comisarías y otras instituciones del Estado.
Meta que no se cumplió ya que -desde hace cinco años- esta gran red compite con redes privadas que ofrecen el mismo servicio (llevar internet al interior del país) a un menor precio a lo que se sumó otro factor clave: el alto costo que le generaba al Estado, por los pagos que por contrato se tenía que hacer a la concesionaria a pesar de que la infraestructura no era plenamente usada.
De acuerdo a datos del MTC, desde el 2016 al 2019, el Estado destinó US$ 114 millones de más de lo que originalmente estaba proyectado.
¿Bajo qué término se ha dado la resolución del contrato? En diálogo con Gestión, el viceministro de Comunicaciones, Diego Carrillo, afirmó que el principal argumentó para esta decisión es que solo se ha estado usando el 3.2% de la capacidad instalada de esta gran infraestructura y se generaron ingresos que cubrieron apenas el 7.7% de sus costos.
“Esta situación ha generado en el tiempo que el Estado asuma costos mayores de cofinanciamiento que los que inicialmente se acordaron y que las partes concertaron en el contrato de concesión. Además la red dorsal no cumplió la finalidad que tenía, que era ampliar el uso de la banda ancha del país. Con la decisión del MTC se ha completado el proceso de caducidad del contrato, siguiéndose el proceso escrupulosamente establecido según el contrato de concesión”, afirmó.
-Los pasos que siguen-
Tras la resolución del contrato por razones de interés público, ¿qué pasos siguen? Según lo establece el propio contrato APP que, para garantizar la continuidad del servicio, le tocará a Pronatel (adscrita el MTC) contratar -por tres años- a un interventor que opere y mantenga la Red Dorsal.
“Este interventor tiene que ser una empresa sólida y con experiencia ya que tendrá que garantizar la operación y mantenimiento; su mejora tecnología; que se pueda dar conectividad (que no dio Azteca) y dar luz a la Rednace”, explicó Virginia Nakagawa, exviceministra de Comunicaciones.
La especialista acotó que la Rednace no salió a la luz (el Estado debía implementarla para que todas sus entidades tengan internet provisto por la Red Dorsal) debido -principalmente- a que no se la exoneró de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado por lo que cada institución estatal terminó contratando su propio servicio de internet.
Si bien el proceso de contratar al interventor le corresponderá al nuevo Gobierno, Nakagawa consideró que este paso deba ser observado con interés ya que se requiere que este interventor sea un especialista y de preferencia que su core business sea el de ofrecer el servicio de telecomunicaciones.
“Ello es vital ya que tenemos que recuperar la red, ponerla a punto técnicamente y empezar a conectar inmediatamente a las zonas más alejadas del país, para eso se requiere con urgencia que se modifique la Ley de Banda Ancha para que las redes dorsales nacionales de fibra óptica puedan dar conectividad de última milla cuando se trate de la conformación de la Rednace en salud, educación y seguridad”, especificó.
Al respecto, el viceministro de Comunicaciones detalló que el Pronatel elaborará -en menos de seis meses- los términos de referencia (TDR) para la contratación del operador temporal de la Red Dorsal.
“Uno de los objetivos del Gobierno de transición es que exista una transferencia ordenada de este proyecto. Si bien se ha dispuesto la resolución del contrato, este mismo establece un plazo de seis meses para que entre en efecto la caducidad del contrato, es decir, el actual concesionario estará hasta enero del 2022 y a partir de esa fecha se dé la reversión de los bienes al Estado. En paralelo, el Pronatel lo que va hacer son los términos de referencia (TDR) para realizar la contratación del interventor u operador temporal de la red bajo condiciones distintas al actual contrato de concesión, además de recibir los bienes de la concesión e inventariarlos”, argumentó Carrillo.
El representante del MTC recordó que Pronatel tiene bajo su administración 18 contratos de proyectos regionales de banda ancha, que son pequeñas redes dorsales regionales, “lo cual demuestra que sí tenemos en el Pronatel al equipo de ingeniería adecuado para elaborar los términos de referencia -con especificaciones técnicas necesarias- para contratar al operador temporal. Si hay capacidad suficiente -reitero- para tener listo, en el más breve plazo posible, estos TDR para contratar al interventor”.
Sobre cómo se va a fiscalizar y supervisar la entrega de los bienes y -sobre todo- la condición actual en la que Azteca está dejando la Red Dorsal, el viceministro precisó que estará a cargo de Pronatel, específicamente, a través de su equipo de supervisión que va a garantizar que la entrega de los bienes sean revertidos correctamente el Estado.
-Los riesgos que acechan-
Uno de los principales riesgos -tomando en cuenta el cambio de Gobierno- es que las nuevas autoridades del MTC no realicen la contratación del interventor en los próximos seis meses y por -el contrario- tras la concretación de la salida de Azteca de la Red Dorsal, en enero 2022, quedaría en manos de Pronatel esta infraestructura, que requiere mantenimiento constante y de operación especializada.
“En enero del 2022, ya tiene el interventor que estar operando la Red Dorsal. Desde entonces va funcionar un nuevo contrato suscrito entre el interventor y el Estado peruano, con nuevas reglas”, detalló Nakagawa. Sobre el riesgo de que no se nombre a un interventor en los próximos seis meses, consideró que no sería recomendable ya que Pronatel no tiene los recursos para hacerse cargo de la Red Dorsal ya que se necesitaría personal altamente especializado.
“Si a enero del 2022 no se contrata a un interventor u operador temporal sería un desastre. Rechazo que esa posibilidad se dé ya que en Pronatel son profesionales, por lo que es imprescindible que venga una empresa que tenga mucha experiencia de operación y mantenimiento de redes dorsales”, agregó.
Sobre este riesgo, el viceministro de comunicaciones dijo que no existe ya que Pronatel administra y supervisa contratos de redes de fibra óptica y cuenta con la experiencia para elaborar -en breva tiempo- los TDR para la contratación de un interventor, a fin de que se ponga operativa. “Lo más adecuado para ser eficientes en los costos es encargar a un tercero esta administración temporal bajo la supervisión del equipo de Pronatel”, subrayó.
Nota:
- Representantes de Azteca afirmaron que aún no han sido notificados oficialmente de la decisión del MTC y que apenas sean notificados emitirán un comunicado oficial con su posición.
- Azteca ya ha advertido anteriormente que llevará a Perú a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) si el contrato de concesión era resuelto de forma unilateral por parte del Estado.
- Mientras opere el interventor, un grupo de trabajo tendrá como tarea la elaboración del nuevo modelo para el aprovechamiento efectivo de la capacidad de la RDNFO y las redes de transporte de los proyectos regionales u otros proyectos públicos.
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