Hochschild alertó que pobladores mantienen una actitud de amenaza pese a firmar un acuerdo

El Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Hochschild, José Augusto Palma, alertó que pobladores mantienen una posición de amenaza hacia las instalaciones de la mina pese a que más temprano se anunció la firma del acta de compromiso para levantar la protesta.

Como se sabe, durante la tarde, se informó que, tras varios intentos de diálogo, finalmente el grupo de pobladores de Casma Palla Palla aceptaron levantar el bloqueo de la carretera tras la firma de un acta inicial para retomar el diálogo el próximo 10 de noviembre en Arequipa.

Sin embargo, mediante un comunicado, la empresa alerta que estas personas mantienen “la actitud de amenaza para volver a atacar nuestras instalaciones, desconociendo el contrato firmado en mayo pasado. Hacemos un llamado a la cordura. Estas acciones violentas son contrarias a nuestro ordenamiento legal y no deben permanecer impunes en un Estado de Derecho”.

Ante esta situación, Palma hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias para prevenir estas acciones violentas e ilegales que atentan contra la propiedad privada y contra ciudadanos de a pie que solo buscan trabajar y ganarse la vida honestamente.

“Nos estamos reuniendo con el Ministerio del Interior, así como con el Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades; y seguiremos luchando por la paz social y la integridad de nuestros trabajadores”.

¿Qué ocurrió?

Hochschild manifestó su total rechazo ante el ataque perpetrado contra la unidad minera Inmaculada (Ayacucho) el lunes 31 de octubre.

Como se sabe, alrededor de treinta pobladores del caserío Casma Palla Palla ingresaron ilegalmente a las instalaciones de la mina cortando el cero perimétrico, quemaron la garita de ingreso y el almacén temporal de residuos industriales, causando zozobra en más de 1,700 colaboradores.

Estas mismas personas venían bloqueando la vía pública que se usa para llegar a la mina Inmaculada desde el jueves 27 de octubre, impidiendo el ingreso de suministros y alimentos a la unidad minera. “Ha sido un acto de violencia injustificada”, sostuvo Palma.

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