Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), comentó que la ley de exoneración del IGV a bienes de la canasta básica familiar no va a generar un efecto importante en la economía familiar.
Según explicó, la reducción en el precio no se observa porque en la ley no está incluido el pollo vivo, “lo cual es absurdo porque el 90% de pollo que se vende en este país es vivo”.
“Se ha logrado con esta ley quitar el IGV al pollo que se vende en Wong o restaurantes y pollerías, pero no el que se vende en la paraditas. Este es un primer incoveniente que no entendemos por qué se ha aplicado”, indicó.
Otra tema, comentó el director del APA -quizá el más importante- es que los proveedores de la industria como los de maíz, trigo y soya siguen facturando con IGV.
“Si a nosotros nos quitan este IGV, lo tenemos que seguir facturando, porque le tengo que pagar al señor que factura la soya, el maiz. Si este IGV de mis proveedores no lo retiran no tengo cómo pagarlo. Tendré que subir el precio para poder pagar ese IGV”, señaló en entrevista a Exitosa.
“Esto no solo es para el pollo o huevo, sino para toda la ley que han aprobado (...) Me parece raro porque entendería que el equipo del MEF tiene que tener un concepto tan simple como este”, agregó.
Según dijo, le preocipa que se haya generado en la población una expectativa de disminución del precio; “y que después quieran echarle la disminución a los productores, cuando los que tienen la responsabilidad de que no baje el precio claramente sería el Gobierno”.
El reglamento
De Zavala sugiere que parte del reglamento debería indicar que el Gobierno asuma el IGV que facturan los proveedores.
“Si eso sucediera, la reducción del precio se traduce inmediatamente, si eso no es así no hay forma de traducirla”, resaltó.
Según dijo, ahora no puede asumir el IGV de sus proovedores porque los márgenes de ganancia son muy bajos.
“El pollo y el huevo son industrias que tiene márgenes muy pequeños. En la industria de huevo, todos los productores del Perú vienen perdiendo dinero desde el año pasado porque hay una cosa que hay que entender, tanto el precio del pollo y huevo son oferta y demanda. El año pasadose vendió huevo por debajo del costo desde julio hasta diciembre porque hubo una sobre producción de huevo y no se pudo pagar ni lo que costaba el precio del alimento”, detalló.
“Entonces, las empresas no pueden perder dinero eternamente porque al final cierran o quiebran. Comerse el 18% (de IGV sin traducirlo en el precio final) es imposible porque no hay una empresa que aguante. Una empresa de pollo y huevo tene márgenes de no más de 5% al año; y si bajara 5% el precio del pollo tampoco ayuda a la ama de casa”, agregó.
En ese sentido, insistió que el gobierno no puede hacer leyes que aparentemente solucionan problemas, “pero que que no solucionan nada. Ese es el drama”.
Exoneración del IGV
Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, detalló algunas precisiones sobre la ley de exoneración del IGV a bienes de la canasta básica familiar.
1. A la fecha, ya existen diversos productos de la canasta básica familiar que se encuentran exonerados de IGV, como los pescados y mariscos, las frutas, verduras, y menestras (frescas y refrigeradas), entre otros.
2. Esta ley no solo exonera del IGV al pollo, huevo, harina de trigo, fideos (pastas) y carnes, como inicialmente propuso el MEF, sino que se agregan más productos, como el azúcar, la leche concentrada y otras aves (pavos, patos y gansos).
3. Se permitirá la devolución del crédito fiscal por las compras de materias primas, insumos y otros productos o servicios utilizados en el proceso productivo de los bienes exonerados.
4. De publicarse la norma este mes de abril, la exoneración del IGV regiría, todavía, a partir del 01/05/22, ya que se especifica que la vigencia inicia “el primer día calendario del mes siguiente a la fecha de su publicación”.
5. El plazo de la exoneración vence el 31/12/22, es decir, duraría 8 meses, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo, que proponía este beneficio por 3 meses.
6. Se estima un impacto total de S/500 millones de menor recaudación por esta medida durante 2022.
7. Se solicita al MEF que reglamente la ley en un plazo máximo de 15 días calendario.
8. Se encarga al Poder Ejecutivo conformar una Comisión Multisectorial para evaluar la reducción de costos de los alimentos en la Amazonía, tomando en cuenta que esta región ya se encuentra exonerada de IGV, y no se beneficiarían con esta ley.