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En medio de la crisis de la pandemia, las entidades del Estado tienen deudas con las empresas de telecomunicaciones.
Las mismas que han recurrido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que dicho pago sea regularizado, hecho que fue confirmado por la titular del sector, María Antonieta Alva.
"El sector telecomunicaciones enfrenta un grave problema de morosidad producto de la medida regulatoria de prohibir la suspensión por deuda a todos los clientes de telecomunicaciones", detalla AFIN, en una presentación realizada al MEF.
Ello los ha llevado a tener a que la morosidad se eleve a más de 60% en tres de las cuatro empresa de telecomunicaciones, y la cuarta cerca al 50% de morosidad.
Con ello, el gremio detalla que se pone en riesgo recursos para mantenimiento de redes, inviabiliza inversiones en despliegue, además tiene un impacto en cadena de pagos, poniendo en riesgo más de 100,000 empleos directos e indirectos.
“Implicará la quiebra de una parte de los 5,000 proveedores peruanos de las empresas de telecomunicaciones (Incluye medianas y pequeñas empresas)”, detallan en un informe.
De la misma manera, las empresas enfrentan un sobrecosto por IGV, dado que operadoras igual asumen IGV de los morosos. (leer recuadro abajo)
Deudas del Estado
Sin embargo, lo más paradógico es que uno de los mayores deudores de las empresas que ya enfrentan impagos son las propias entidades del Estado.
"Esta situación se agrava, considerando que las entidades públicas, que cuentan con recursos suficientes para asumir el pago de sus deudas, mantienen deudas vencidas", sostienen.
La deudas de las empresas bordean los S/ 100 millones en la suma de las tres operadores de telecomunicación.
Ante esta situación, las empresas proponen que para todos los proyectos públicos vigentes en el año 2020, las entidades públicas otorguen un adelanto del 30% del valor total del contrato, en un plazo no mayor de 7 días calendario de emitida la norma.
“Dicho adelanto se podrá conceder luego de suscrito el contrato o en el estado actual en el que se encuentre la obra o el servicio vigente al 2020. Dicha propuesta es concordante con la facultad concedida en el artículo 156 del Reglamento de la LCE”, detalla en su informe.