(Fuente: GEC)
(Fuente: GEC)

La constructora estaría dispuesta a añadir en los contratos de concesión de las carreteras interoceánicas Sur y Norte (IIRSA) una cláusula anticorrupción. No obstante, pide que esta adenda tenga efectos retroactivos hasta los actos que se hayan podido comerte desde el 1 de enero de 2017, fecha en la que empezó la actual administración, bajo la batuta de Mauricio Cruz.

Según revelaron fuentes del sector a Gestión.pe este requerimiento se efectúo formalmente tanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como al Ostiran; tras las declaraciones -dadas a conocer ayer- de Verónica Zambrano, jefa del organismo regulador.

Zambrano dijo que hasta el momento, ninguna empresa concesionaria en el sector transporte ha aceptado incorporar en sus contratos una adenda con una cláusula anticorrupción. 

Anotó, además, que las compañías aún no firman la cláusula anticorrupción debido a que hay un temor generalizado, ya que no pueden garantizar que alguno de sus ejecutivos no han incurrido en actos ilícitos.

"Efectivamente -en el caso de - las concesionarias están en desacuerdo de suscribir una cláusula anticorrupción que empiece a correr desde el inicio de la concesión (cuando se suscribió el contrato)", explicaron las fuentes.

En el caso de el contrato de concesión de los tramos 2 y 3 se firmó en agosto del 2005 mientras que la de se suscribió en junio de 2005.

Lo que implica que, de aceptarse una clausula anticorrupción, sus efectos comenzarían a correr desde aquellas fechas, con lo cual el Estado -de comprobarse actos de corrupción- podrá anular el contrato inmediatamente, sin temor de un arbitraje.

¿Por que este punto es vital? Habrá que traer a colación las declaraciones ante la justicia peruana del exsuperintendente Jorge Barata, que reveló el pagó de coimas al expresidente Alejandro Toledo para el tramo 2 y 3 de la con lo cual -de firmarse la claúsula- el Estado podrá anular el contrato y perder la concesión. 

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Las fuentes consultadas por este diario anotaron que se plantea que la firma de la adenda tenga efectos retroactivos hasta los actos que se hayan podido comerte desde el 1 de enero de 2017, tomándose en cuenta que ambas concesiones están al mando de una nueva gestión.

A lo que se añade que la constructora -desde el segundo semestre de 2016- inició un riguroso proceso de implantación de un Sistema de Conformidad y Anticorrupción, la que no solo alcanza a las concesiones relacionadas con el Estado sino también con las empresas privadas.

"De aceptarse el planteamiento de la empresa brasilera sería la primera concesionaria del sector transporte en contar con una claúsula anticorrupción; lo que incluso podría incentivar a otras empresas de añadir una adenda de similares características", anotaron.

¿Qué son las claúsulas anticorrupción? Estas son incluidas en contratos con el Estado y le permiten declarar a este la terminación de los mismos en caso se verifique la falsedad de una declaración del concesionario.

Esto implica que ninguno de sus directores, funcionarios, socios, representantes legales o empresas vinculadas haya recibido, realizado u ofrecido ningún pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato o el concurso.