(Foto: Pixabay)
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El Tribunal chileno de la Libre Competencia (TDLC) multó por 8,000 millones de pesos (unos US$ 12.2 millones) a las cadenas de supermercados Walmart Chile, SMU y Cencosud que acordaron subir artificialmente los precios de la carne de pollo entre el 2008 y 2011.

La resolución de la entidad, que acogió la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), precisó que las empresas participaron de un acuerdo o práctica concertada "por sí o a través de sus relacionadas", destinado a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados igual o superior a su precio de lista mayorista, entre al menos los años 2008 y 2011.

La FNE sostuvo que los supermercados estaban impedidos de vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que la coordinación ocurrió a través de sus proveedores.

Según la Fiscalía, las cadenas "adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas", con el fin de "regularizar el mercado y evitar guerras de precios".

Cencosud deberá pagar una multa equivalente a unos 3,345 millones de pesos (unos US$ 5.1 millones), mientras SMU tendrá que cancelar unos 1,994 millones de pesos (unos US$ 3 millones) y Walmart, unos 2,752 millones de pesos (equivalente a unos US$ 3.9 millones).

Al cierre del 2011, Cencosud, SMU y Walmart concentraban en Chile el 92.5 % de la industria de los supermercados a través de las marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono.

Este mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado "caso pollos", en el cual las avícolas Agrosuper, Don Pollo y Ariztía fueron condenadas en octubre del 2015 por la Corte Suprema a multas que alcanzaron unos US$ 55 millones de la época.

Tras la sentencia de este jueves, las partes tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema.