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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este miércoles un proyecto de acuerdo para repartir de forma más equitativa entre los Estados los ingresos fiscales procedentes de los beneficios de las grandes multinacionales, especialmente del sector digital.
Los países no pueden todavía firmar esta “convención multilateral”, ya que algunos como India, Brasil y Colombia siguen teniendo reservas sobre algunos puntos.
“Hay un muy amplio consenso sobre la arquitectura general” entre los alrededor de 140 Estados que participan en las negociaciones, declaró a la prensa Manal Corwin, directora del centro de la OCDE para la política fiscal y la administración.
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El objetivo es la firma del acuerdo antes de finales de 2023, recordó.
Desde 2017, la OCDE, por encargo del G20, coordina las negociaciones internacionales para limitar las prácticas de evasión fiscal de las grandes multinacionales y poner en marcha un sistema de reparto más equitativo de los ingresos fiscales derivados de sus beneficios.
¿Qué plantea el convenio?
La convención multilateral publicada este miércoles prevé que una parte de estos ingresos se redistribuyan a los países donde están sus clientes, independientemente del Estado donde las multinacionales tengan su sede y paguen impuestos.
Actualmente, las empresas -especialmente los gigantes de internet- pueden optar por tributar en países con una fiscalidad favorable, aunque solo realicen allí una pequeña parte de su actividad, lo que alimenta la competencia fiscal entre Estados.
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¿A quiénes aplica?
Estas nuevas reglas sólo se aplicarán a las multinacionales cuya facturación mundial supere los 20,000 millones de euros (US$ 21,000 millones) y con una rentabilidad superar al 10%, lo que afectaría así a un centenar de empresas en el mundo.
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Si se adopta el convenio, el impuesto adicional se distribuirá proporcionalmente entre los países donde la empresa haya facturado al menos un millón de euros (US$ 1.06 millones) o al menos 250.000 euros (US$ 265,000) en aquellos con un PIB inferior a 40,000 millones de euros.
En total, deberían redistribuirse unos US$ 200,000 millones cada año, según los cálculos de la OCDE, que estima que la reforma generará entre US$ 17,000 y US$ 32,000 millones en ingresos fiscales adicionales.
Para su entrada en vigor, un mínimo de 30 países donde se sitúan al menos 60% de las multinacionales afectadas deben ratificar la convención.
La incertidumbre planea sobre Estados Unidos, que alberga casi la mitad, ya que su actual presidente Joe Biden carece de mayoría suficiente en el Congreso para ratificarla.
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