El difundió hoy un comunicado en el que subrayó su compromiso con el Perú y con todas las comunidades de "este gran país de vocación minera", por lo que aseguró haberse ceñido a la legalidad y las normas internacionales en el desarrollo del proyecto minero , que ha generado una serie de protestas en Arequipa.

"En las varias décadas en las que la empresa ha invertido responsablemente y trabajado de la mano de la comunidad peruana, en todo momento se ha comportado con la más estricta ética y con absoluto apego a la ley y respeto a las instituciones", dijo la empresa que controla Southern Copper Corporation, que tiene a su cargo el proyecto Tía María.

La compañía enfatizó que ha cumplido con las más estrictas normas internacionales y disposiciones de las autoridades del Perú para desarrollar una minería sustentable y acorde al siglo XXI.

Añadió que durante los años en que se ha gestado el proyecto Tía María, se ha asegurado de obtener todas y cada una de las autorizaciones requeridas y de incluir a las comunidades, a través del Procedimiento de Participación Ciudadana.

"Todo esto con el objeto de construir juntos (autoridades, la empresa y las comunidades) un motor de derrama económica en la región (Arequipa) que a través de crecimiento sostenible y responsable genere más de 2,600 empleos directos e indirectos durante los próximos 20 años, contribuyendo a un mejor desarrollo social", aseveró.

El Grupo México recordó que Tía María demandará una inversión total de US$ 1,400 millones, con lo cual se podrá producir 120,000 toneladas de cobre electrolítico por año bajo el método de lixiviación y extracción por solventes, que es el proceso más reconocido para "minimizar el impacto ambiental".

"La empresa modificó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a fin de utilizar únicamente agua de mar, transportándola por más de 25 kilómetros de distancia y a una altitud de mil metros sobre el nivel del mar construyendo una planta desalinizadora con una inversión de US$ 95 millones adicionales para su uso en el proceso productivo", dijo.

"De esta forma, la empresa garantiza que el agua de pozos y presas del Valle del Tambo será utilizada exclusivamente para la agricultura y consumo humano", apuntó.

La compañía dijo desconocer cuáles pudieran ser los intereses de los activistas que se oponen al proyecto, que han logrado retrasarlo "a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas".

Finalmente, reiteró su "total respeto a la legislación e instituciones" del Perú, así como su "confianza en las autoridades peruanas y en que prevalecerá el Estado de derecho y la seguridad jurídica, como siempre ha correspondido en el Perú".