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Un año después de que la aerolínea Latam, la más grande de Latinoamérica, se declarara en protección contra bancarrota tras la abrupta suspensión de los viajes por la pandemia del COVID-19, la compañía ultima su plan de reestructuración y disfruta de una sólida liquidez.
El 26 de mayo del 2020, cuando la mitad de la población mundial llevaba más de dos meses confinada y los países habían cerrado sus fronteras a cal y canto, la compañía anunció que se acogía al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, una fórmula que permite a una empresa que no puede pagar sus deudas reestructurarse y seguir funcionando sin la presión de los acreedores.
“Hemos implementado una serie de medidas difíciles para mitigar el impacto de esta disrupción sin precedentes a nivel de toda la industria. Pero, al final de cuentas, este camino representa la mejor opción para sentar las bases correctas para el futuro de nuestro grupo”, decía entonces su CEO, Roberto Alvo.
La decisión incluyó tanto a la matriz -que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Santiago de Chile- como a sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
La compañía, nacida en el 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, anunciaría un mes después la suspensión de sus operaciones en Argentina y en julio se uniría al proceso de reestructuración la sucursal de Brasil.
La declaración de protección contra bancarrota de Latam, que por entonces había suspendido el 95% de sus vuelos, se sumaba así a la anunciada dos semanas antes por la colombiana Avianca, la segunda aerolínea más importante de Latinoamérica y la segunda más antigua del mundo.
Un juez estadounidense avaló el pasado setiembre la propuesta de financiamiento del grupo, que le permitió acceder a los US$ 2,450 millones requeridos para hacer frente al impacto del COVID-19.
“Annus horribilis”
Antes de la pandemia, Latam volaba a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1,400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.
El 2020 pasará a la historia como el “annus horribilis” de la industria aérea y el grupo chileno-brasileño no fue la excepción: sus ingresos operacionales cayeron 58.4% y registró una pérdida neta de US$ 4,545.9 millones.
La aerolínea, que negoció ayudas con el Gobierno chileno que no terminaron de cuajar, pasó además de tener más de 41,000 empleados en el 2019 a cerrar el año pasado con poco más de 28,000 trabajadores.
En pasado abril, Alvo reconoció que es “difícil” fijar una fecha para la recuperación de la industria y dijo que el 2021 será un año con “altos y bajos” debido a las nuevas olas de la pandemia que están surgiendo en distintos países de la región y a los desiguales procesos de vacunación.
Durante el primer trimestre del año, los ingresos totales ascendieron a US$ 913.2 millones, una disminución de 61.2% respecto del mismo tramo en el 2020 -cuando la pandemia aún no había paralizado el mundo-, mientras que las pérdidas sumaron US$ 355.7 millones.
“Estamos trabajando en el plan de reestructuración, es el siguiente en el proceso del capítulo 11”, aseguró el ejecutivo en su última comparecencia pública.
Pese a la fuertes restricciones de viajes y al cierre de fronteras que mantienen varios países de la región, como Chile, el grupo cerró los tres primeros meses del año con US$ 2,600 millones de liquidez, que se reparten en US$ 1,300 millones en caja y US$ 1,300 millones en línea de financiamiento comprometida en la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, por sus siglas en inglés).
“Estamos tranquilos con la liquidez que tenemos hoy en día. Tenemos la posición de liquidez más robusta de la industria en Latinoamérica”, agregó Alvo.
En marzo, antes del nuevo cierre de fronteras en Chile, que durará hasta al menos hasta el 15 de junio y que obligó a Latam a suspender sus vuelos internacionales y nacionales desde el país, el tráfico de pasajeros fue del 22.6% en relación al mismo período del año 2019 y medido en pasajeros por kilómetros rentados (RPK).
