Se paralizan operaciones temporalmente. En un comunicado, las empresas agrícolas indicaron que en vista de la violencia desatada en las regiones de La Libertad e Ica, en donde una turba de manifestantes -que muchos de ellos no son trabajadores agrarios- toman por asalto las carreteras, incendian ambulancias, hieren policías, destruyen instalaciones de empresas agrícolas e impiden el libre tránsito y derecho al trabajo que tienen todos y cada uno de los peruanos, las empresas miembro de la AGAP -en dichas zonas- se ven obligadas a suspender temporalmente sus operaciones.
Esta medida se toma “a fin de proteger la vida e integridad de sus trabajadores”.
Esta paralización -subrayó AGAP- se mantendrá hasta que se restablezca el Estado de Derecho y sea seguro volver a trabajar. “Hoy, la violencia, no nos deja trabajar”.
“Lamentablemente, la decisión tomada en favor de la vida de nuestros trabajadores, significa pérdidas para el sector y el país. Por un sólo día que paramos operaciones en ambas regiones, calculamos que 100,000 trabajadores pierden sus ingresos, lo que pone en riesgo el sustento de igual número de familias en medio de la situación de crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el país”, acotó.
La media -indicó AGAP- repercutirá, además, en las decenas de miles de empleos indirectos que dependen de la continuidad de las actividades agroindustriales.
“Invocamos a la paz social y el diálogo en el país, así como al restablecimiento del orden público, la seguridad y el libre tránsito en las regiones de La Libertad e Ica. Hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso de la República a no comprometer el futuro del país ante la violencia de unos pocos, y a trabajar en una nueva ley agraria que asegure una mejora en la calidad de vida del trabajador dependiente del agro, la sostenibilidad de la agroindustria formal y que permita generar más empleos formales para los trabajadores y trabajadoras del campo en el país”, precsisó.
AGAP pidió que se ceda los actos de violencia, que deslegitima el derecho a la protesta, así como también deslegitima el pedido de muchos trabajadores del campo que han visto vulnerados sus derechos laborales durante muchos años por culpa de empresas tramposas.