A poco más de un mes para las Elecciones Generales, el cambio de la Constitución Política de 1993 sigue siendo uno de los temas de discusión. La mayoría de partidos políticos propone reformar la Carta Magna, de forma total o parcial, según los planes de gobierno.
Acción Popular, Democracia Directa, Frente Amplio, Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Libre, Renacimiento Unido Nacional y Unión por el Perú, consideran un cambio total de la Constitución vigente. Mientras que Alianza para el Progreso, Partido Aprista Peruano y el Partido Morado, lo harían de forma parcial.
En tanto los partidos Avanza País, el Partido Popular Cristiano, Perú Patria Segura, Podemos Perú, Renovación Popular y Victoria Nacional no han comunicado su posición al respecto. Por su parte, Fuerza Popular continuará con la Constitución vigente y el Partido Nacionalista Peruana convocaría a la población para que decidan si se propone una Asamblea Constituyente.
En noviembre del 2020, una encuesta de Datum Internacional reveló que el 56% de encuestados está de acuerdo con cambiar la Constitución, de los cuales, el 12% consideró que se debe permitir al Estado tener una mayor intervención en la economía. Solo el 27% manifestó estar en desacuerdo y el 17% dijo no tener definida una posición sobre este tema.
La actual Constitución que rige desde 1993, establecida en el gobierno de Alberto Fujimori, impulsa la inversión privada, exportaciones y la integración comercial a diversos mercados. No obstante, estas buenas cifras macroeconómicas, con crecimiento constante del PBI, no se ven del todo reflejadas en los peruanos.
Por ello, surge el cuestionamiento si el capítulo económico de la Constitución es responsable de la situación actual en que se encuentran los peruanos, en una situación agravada debido a la pandemia.
En ese sentido, Gestión.pe conversó con dos economistas que brindaron detalles de la implicancia de la actual Carta Magna en la economía peruana, así como su desenvolvimiento en las últimas décadas.
El exministro de economía, Alonso Segura, aseguró que no existe evidencia de que el capítulo económico de la actual Constitución haya sido una barrera para el desarrollo del país. Sin embargo, la parte política si tiene mucho por mejorar.
“El capítulo económico de la Constitución es bastante adecuado para las necesidades del país. Siempre es posible mejorar, pero en general sería muy perjudicial cambiar sus grandes pilares, sobre todo la independencia del Banco Central de Reserva o la inviolabilidad de contratos. Todos esos que son grandes principios que no deberían cuestionarse”, manifestó Segura.
Agregó que para implementar cambios estructurales no se requiere cambiar la Carta Magna porque esta no impide, por ejemplo, la creación de programa como la Sunedu, becas, la existencia de regímenes laborales, distribuir bonos de forma masiva, brindar concesiones en obras públicas, entre otras.
“La Constitución permite hacer muchas cosas, pero respetando ciertos pilares que no deberían tocarse. Intentar cambiarla se ha vuelto más un tema de bandera política e ideológica porque es fácil decirlo para captar votos. Pero, si patean ese tablero, no garantiza nada”, aseguró el extitular del MEF.
Cambiar el capítulo económico de la Constitución, significa para Segura un retroceso y podría generar resultados menos favorables para los peruanos.
“Ajustes siempre pueden haber, como el que hubo en el 2019 con el referéndum convocado por el Gobierno de Martín Vizcarra. El problema es que modificarlo puede ser agravante, más aún si tenemos una Asamblea Constituyente como el actual Congreso, que nos llevaría al abismo. Hay políticas que se pueden implementar sin cambiar la Constitución”, refirió.
Se habría un riesgo enorme cambiar la Constitución en el capítulo económico. Se habla a la ligera de cambiar el capítulo económico sin especificar lo que se quiere modificar.
Para el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, hay modificaciones que se pueden hacer legalmente desde el Ejecutivo y Congreso sin necesidad de hacer reformas constitucionales, lo cual considera una pésima idea.
“Típicamente lo que se busca cambiar es el rol subsidiario en la actividad empresarial del Estado, como lo tuvo en los 70 y 80, con las consecuencias nefastas que acarreó para el tesoro público y proceso hiperinflacionario. Este candado constitucional está por un buen motivo”, indicó.
Macera comenta también que muchos discursos sobre el cambio de Constitución están ligados a que el Estado mejore su calidad de salud, educación, promueve la competencia, pero que ya están escritos en el documento.
“Hay muchos temas que se aluden para cambiar la constitución e incluirlos, pero ya están ahí. Basta una ligera revisión para comprobarlo. Manda que el Estado tiene que vigilar la libre competencia, combatir abusos de posiciones monopólicas, defender el interés de los consumidores y los usuarios. Lo mismo de la provisión de servicios básicos. Pero, el problema de fondo es que, si bien está en la Constitución, no necesariamente se ve reflejado en la realidad”, sostuvo Macera.
El gerente del IPE agregó que muchos discursos son facilistas y afirman que, cambiando un texto, el Estado será más eficaz. Sin embargo, son necesarias reformas más complejas, y un diálogo tedioso que cambiar una palabra en la Carta Magna.
Constitución 79 vs. 93
“Si uno revisa la trayectoria económica de la actual Constitución (1993) es ampliamente superior que la anterior (1979). Sin embargo, no significa que va a resolver todos los problemas, pero importa que dé un marco general sobre el cual la actividad privada va a tener un rol que se ha visto con el crecimiento enorme de la inversión y fuerte caída de la pobreza, una situación totalmente distinta a la década de los 80”, expresó Diego Macera.
Según información del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, Perú durante la Constitución del 79 fue el país que menos creció en la región. Pero, con la actual pasó de ser último al primero, previo a la crisis de la pandemia. “No creo que la Constitución sea lo único que explica esto, hay más variables, pero es el marco legal más importante dentro del cual el desarrollo económico puede tomar lugar o no”, refirió el gerente del IPE.
En tanto, Segura considera que este tipo de planteamientos es más ideológico y populista, sobre todo, porque los resultados de la Constitución del 79 fueron menos favorables al de la actual, con amplias diferencias.
“El problema no está en el marco constitucional. Cambiar la constitución no te asegura que irá, mejor, sino peor. No es la solución, sino diseñar políticas públicas adecuadas, estables en el tiempo, políticas de Estado y sabes capacidades de Ejecución de gestión públicas adecuadas y persistentes”, acotó.
Con respecto a quienes afirman que la situación actual económica se debe al capítulo económico de la Carta Magna, Alonso Segura dice que ello se debe a la política pública y gestión del Gobierno de turno.
“La Constitución no impide hacer reformas. Algunos aprovechan en que parte del electorado es muy joven y no ha vivido las políticas bajo la Constitución previa. Por ello, no se dan cuenta del terrible riesgo que significa para el país. Como en las familias, el país tiene una capacidad de gasto que se debe respetar”, aseveró.