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Al jurar en el cargo de presidente de la República, Francisco Sagasti aseguró que su gobierno implementará el plan “Perú Hambre 0”, que fue firmado por el Acuerdo Nacional en mayo último y tendría efectos en el sector agrícola nacional. Dos analistas consultados por gestion.pe indican cuáles serían estos resultados así como las medidas necesarias para lograr los objetivos.
El Acuerdo Nacional (que reúne al Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil) firmó en mayo último este compromiso que busca evitar el padecimiento de millones de peruanos que han perdido parte o la totalidad de sus ingresos debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que derivó en una crisis económica.
Aunque el objetivo principal de este compromiso firmado durante la gestión de Martín Vizcarra sea evitar el hambre en los peruanos, también se buscará con él beneficiar a los agricultores familiares en las compras de alimentos que serán distribuidos a través de programas sociales, donaciones y mercados.
Por ello, entre uno de los puntos del plan se indica que se priorizará la compra de la producción agrícola y pecuaria nacional, “especialmente la de agricultores familiares, comunidades campesinas y nativas, y de los pueblos originarios”.
Para que esto sea posible, señala el Acuerdo Nacional, se deben resolver problemas como el acceso a financiamiento, la disponibilidad de mano de obra para la cosecha y el costo de fletes. Además, se plantea la necesidad de impulsar la producción nacional de los alimentos, siguiendo “criterios de calidad y competitividad”.
Programa de compras
Al ser consultado, el economista Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, sostuvo que la propuesta de compras públicas a los agricultores familiares fue planteada por la Convención Nacional de Agro Peruano (Conveagro); sin embargo, hasta la fecha los acuerdos pactados no se han llevado a la práctica.
“Desde que se aprobó en mayo (el compromiso), no se hizo absolutamente nada, no hubo ningún diseño ni implementación. Eso ha sido parte de la frustración que han tenido los gremios agrarios”, indicó a gestion.pe.
Según señaló, los programas del Estado actualmente no realizan compras a los agricultores familiares. Por ejemplo, Qali Warma generalmente les compra a empresas intermediarias o a fabricantes de productos industrializados. Para lograr que se favorezca a la agricultura familiar, considera que se debe desarrollar “un solo sistema nacional que organice los procesos de compra complejos, que cuenta con la participación de gobiernos locales y regionales”.
Por su parte, Santos Maza, experto en temas agrícolas y exfuncionario del Ministerio de Agricultura, considera necesario contar con un diagnóstico claro de la situación del sector. Sostuvo que ello permitirá saber si los productores han sembrado para la campaña 2020-2021 mayores o menores áreas que las de la campaña 2019-2020, pues esta mostraría una contracción con respecto a años pasados.
“Si la campaña es igual a la que acaba de concluir, sería preocupante porque no ha sido tan buena. Si la campaña ha generado menos producción, me preocuparía más y ante esa situación se debería tomar medidas como detectar las zonas donde haya más alimentos para así cubrir los déficits de otras zonas”, explicó. Además, señaló que tener clara esta información permitirá priorizar la atención en los departamentos más afectados por una eventual escasez.
Mejora de precios
De lograr la efectividad del plan “Perú hambre 0”, sostiene Santos Maza, permitirá abastecer a la población de una cantidad adecuada de alimentos y reducir así el riesgo de escasez. Por el lado de los productores, ellos podrán obtener precios más justos por sus alimentos, lo que les proporcionará mayores recursos para invertirlos en la campaña 2021-2022.
Zegarra coincidió en señalar que este plan puede tener un impacto significativo en la mejora de los precios para el pequeño productor. “Pero requiere una capacidad pública realizar esto: generar un esquema razonable de compra, movilización, almacenamiento y distribución de los productos. Es una actividad de alta complejidad, pero el Estado podría hacerla porque se hace en otros países”, expresó.
Asimismo, implementar de manera eficiente este programa podría representar una reducción de costos para el Estado peruano en la compra de alimentos y la ventaja de abastecer a la población de alimentos con pocos rastros de agroquímicos, puesto que los pequeños agricultores utilizan estos productos en mucho menor medida que las grandes empresas.
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