Editorial de Gestión. No es lo mismo destinar recursos para ejecutar obras de infraestructura que usarlos para elevar el gasto corriente. (Foto: GEC)
Editorial de Gestión. No es lo mismo destinar recursos para ejecutar obras de infraestructura que usarlos para elevar el gasto corriente. (Foto: GEC)

CRÉDITO SUPLEMENTARIO. ¿Se viene una reducción del presupuesto para inversión pública? En uno de los Consejos de Ministros descentralizados (mejor dicho, improvisados), realizado en Iquitos a fines de mayo, el titular del MEF, Óscar Graham, lo dio a entender. Tras anunciar que se solicitará al Congreso la aprobación de un nuevo crédito suplementario –incremento del presupuesto–, indicó que otra medida que se tomará será la reasignación de recursos, y puso como ejemplo a Loreto, que de los S/ 1,600 millones que tiene asignados para inversión, solo ha gastado 23%.

Como se dice coloquialmente, se desvestirá a un santo para vestir a otro, pero se trata de santos que hacen distintos tipos de milagros. Es que no es lo mismo destinar recursos para ejecutar obras de infraestructura que mejorarán la calidad de vida de la población e impulsarán la competitividad del país (si el dinero se usa de manera honesta y eficiente), que usarlos para elevar el gasto corriente con nuevas contrataciones de personal o adquisición de bienes y servicios innecesarios, a menos que se trate del mantenimiento de infraestructura, aunque Graham no entró en esos detalles.

Ambos anuncios acarrean riesgos. Respecto al incremento de presupuesto, que sería el segundo en lo que va del año –en marzo, el Congreso aprobó el primero, por S/ 3,343 millones–, el MEF estaría confiando en el buen desempeño de la recaudación tributaria, que entre enero y abril aumentó 17.5% comparado con el mismo periodo del 2021. Al parecer, no se está tomando en cuenta que la economía peruana se está enfriando y que la situación podría agravarse en los meses que vienen, lo que impactará negativamente en la recaudación.

Además, el MEF no estaría buscando elevar el presupuesto para gastar más, sino para cubrir la caída de la recaudación por las exoneraciones aplicadas en combustibles y alimentos para paliar su encarecimiento. Por ejemplo, afectan la recaudación del Impuesto de Promoción Municipal, equivalente a dos puntos porcentuales de los 18 que conforman el IGV.

El otro riesgo tendrá consecuencias en el largo plazo. Aunque en abril la inversión pública creció 8%, respecto del mismo mes del año pasado, en mayo apenas lo hizo en 1%. Dado que hubo dos trimestres consecutivos de caídas (el último del 2021 y el primero de este año), el Gobierno nacional tiene un retraso que entre enero y mayo llegaba a 80% (S/ 19,963 millones), de modo que sí sería posible reasignar recursos. Sin embargo, si se trasladan a gasto corriente, sería una de las peores decisiones que tomaría el Gobierno.

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