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A cuatro semanas de las elecciones presidenciales, los candidatos continúan dando a conocer las posibles rutas que tomará el país en los próximos cinco años. Uno de los puntos que no han tenido mucha exposición son los relacionados a la reforma del transporte, tanto urbana como provincial.
Se han visto pocas luces acerca de lo planteado por Perú Libre y Fuerza Popular en este ámbito. Sin embargo, el 26 de abril, Pedro Castillo manifestó su intención de desactivar la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, dos instituciones encargadas de fiscalizar y articular el transporte público.
Ambas instituciones fueron creadas a través de leyes. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo en un eventual gobierno de Castillo no podría desactivarlas, pues esa tarea le corresponde al Congreso de la República o al Tribunal Constitucional, en caso sea una ley inconstitucional, que no es el caso.
“La opinión del señor Castillo podría tomarse como un desconocimiento o exabrupto”, dijo Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar a Gestión.pe.
Sin embargo, manifestó que de desaparecer la ATU y Sutrán, por medio de un eventual cierre del Congreso, sería fatal y podríamos retroceder décadas en lo avanzado para una alcanzar una verdadera reforma del transporte.
Alfonso Flores, presidente de la ONG Transitemos consideró que este anuncio es una “medida populista que busca congraciarse con los sectores informales y que no tienen sentido porque no brindan ninguna alternativa”.
Por su parte, Quispe Candia indicó que el transporte ha sido uno de los sectores más olvidados por los diferentes gobiernos debido a que no ha habido un trabajo intenso en mejorar el transporte. “Han tratado de ser complacientes con las empresas de transporte en lugar de pensar en los millones de habitantes que viven en el país”, dijo.
La Sutrán es una institución que fue creada para el control y fiscalización de transporte de personas, carga y mercancías. Antes de su implementación, la Policía Nacional del Perú era la autoridad competente para realizar estas funciones.
El especialista de Luz Ámbar explica que en caso sea disuelta, la Policía Nacional o una entidad nueva, estarían a cargo de la fiscalización de ese tipo de transporte. Sin embargo, sostuvo que la PNP no cuenta con la tecnología ni el soporte para cumplir con esa tarea.
“La Sutrán es un ente autónomo de fiscalización. Si bien es cierto falta por mejorar, va por ese camino. Se han tecnificado muy bien. El control que hacen hoy es virtual. Retirarla nos podría retrasar unos 20 años”, detalló.
Hizo hincapié en que el Legislativo aprobó una ley que permite la circulación de colectivos. Lo cual deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional porque tal norma es inconstitucional.
Por otro lado, sostuvo que la ATU tampoco debería desaparecer por una decisión política cuando su creación y puesta en marca ha madurado técnicamente a lo largo de los años. Anotó que ello podría retrasar la posibilidad de tener un sistema de transporte integrado en Lima y Callao por 30 años.
“El Estado no debería complacer a las 24,000 unidades de transporte urbano de Lima ni 60,000 de todo el Perú. Sea quien entre al Gobierno debería pensar en los millones de habitantes que utilizan el transporte urbano”, enfatizó.
Precisó que es importante que desde el Congreso no se tengan normas que retrasen el avance de las reformas de transporte urbano, en las que se encuentra Fuerza Popular. Por ello, recomienda reforzar ambas instituciones.
Alfonso Flores de Transitemos, comentó que se debe trabajar en resolver los problemas que tienen ambas instituciones. “Deben cumplir su labor, aumentar el presupuesto anual, no deshaciendo. Se soluciona todo trabajando en mejorar los defectos”, destacó.
