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A menos de dos meses de culminar el año, los tres niveles de gobierno han ejecutado S/17,466.3 millones (al 11 de noviembre), es decir, solo 36.7% del presupuesto institucional modificado (PIM) asignado a obras públicas. Si bien este año, la baja ejecución se explicará -en parte- al freno de la economía ocasionado por la pandemia, lo cierto es que en los últimos años, los recursos devengados han representado menos del 70% de los asignados.
“Desde 2014, la inversión pública ha sufrido una caída sistemática en los niveles de ejecución, pasando desde un 78% hasta situarse en torno a un 65% en 2019. En términos de recursos no utilizados, durante 2019, no se ejecutaron S/16,900 millones (2.2% del PBI). Esta baja ejecución será aún menor en 2020, debido a la crisis originada por el covid-19”, señaló Daniela Leguía, analista del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Para Leguía, este comportamiento se relaciona directamente con la poca capacidad del sector público para ejecutar a tiempo las obras planificadas. En su último el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP), con información al 30 de setiembre, reveló que el plazo real para otorgar la buena pro de un a obra pública puede ser hasta cinco veces más que el plazo planificado inicialmente entre la convocatoria y la adjudicación de un proyecto.
Cabe indicar que el análisis está sobre la base de una muestra de 524 proyectos convocados por los tres niveles de gobierno entre enero y setiembre de 2020, donde se encontró que 410 fueron adjudicados.
Demoras en regiones
Una obra -desde que fue convocada hasta que se adjudicó- demoró, en promedio, 22.1 días más del plazo programado, es decir, 125% más de lo previsto inicialmente, según el IRGP.
Si bien el retraso en lo que va de este año es casi similar al que se registró al cierre del 2019 (25.2 días más que el plazo inicial), hubo un deterioro en los proyectos vinculados a los gobiernos regionales. A setiembre, otorgar la buena pro en las regiones tardó -en promedio- 35.1 días más que lo programado (185%).
Si se desagrega, en Piura y La Libertad, la adjudicación de obras se demoró 126.8 días y 82.5 días más que los plazos programados, respectivamente, lo que significó que dar la buena pro en regiones puede tardar hasta 5 veces el cronograma contemplado inicialmente (ver tabla).
“Por ejemplo, para el gobierno regional de Piura -entidad con el mayor presupuesto para obras entre regiones-, el plazo real fue de 152 días, cuando el planificado era de 25; esto significó 512% más de lo inicialmente estipulado”, puntualizó el CPC.
Por el contrario, el gobierno regional más eficiente resultó ser Huancavelica, que muestra solo 1 día de retraso en promedio, respecto a lo programado.
Para hacer un contraste con el 2019, el año pasadodar la buena pro en regiones tardó hasta dos veces más que el plazo original.
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Otros niveles de gobierno
El Gobierno Nacional tardó en concretar sus adjudicaciones 10.6 días más que lo previsto inicialmente.
En tanto, los gobiernos locales, 20.6 días adicionales (116% más) a los plazos programados inicialmente. La muestra de municipalidades para Lima Provincias presentó retrasos de hasta cuatro veces más que el plazo inicial planeado (419% más).
El CPC consideró que el principal cuello de botella se presenta en la etapa de formulación y absolución de consultas (representa el 72% del retraso total) (ver Opinión).
EN CORTO
Gobierno Nacional. De las principales unidades ejecutoras que adjudicaron proyectos (al 30 de setiembre), el Pronied es la entidad que presentó mayores demoras en el otorgamiento de la buena pro ( 89% más), según el último IRGP del Consejo Privado de Competitividad. Hay que indicar que en el caso de Provías Nacional -unidad ejecutora con mayor presupuesto para proyectos-, no convocó ningún proyecto al noveno mes del año.