:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/XE5WA6567NETBN56VAXIKMLKPI.jpg)
En setiembre del 2018 se suscribió el Acuerdo de Escazú, en el marco de un acuerdo regional referidos a los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Al ser un acuerdo internacional requiere ser ratificado por cada país.
Hasta el momento, ha logrado la ratificación de nueve de los 22 países firmantes. En este caso, la ratificación no solo pasa por la firma del Ejecutivo, sino también parte de Congreso de la República, siendo analizado por la Comisión de Comercio Exterior.
Sin embargo, en este proceso ha surgido posiciones discordantes en el propio gabinete ministerial, entre la Cancillería y el Ministerio del Ambiente, que participó en la primera etapa del acuerdo.
En el caso de la Cancillería, en una carta emitida a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso detalla que, “el Acuerdo de Escazú recoge una postura tradicional de nuestro país. No obstante, la naturaleza jurídica vinculante del Acuerdo de Escazú, a diferencia del último instrumento citado, genera una obligación internacional para el Estado peruano específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”.
Explica que, el Perú reconoce el derecho de un ambiente sano, incluido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, derecho que ha sido reconocido en la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a la transparencia de la información, afirma que el Perú ha regulado derechos de acceso a la información a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el Perú apoya firmemente en las Naciones Unidas la protección de los Defensores de Derechos Humanos (Resolución AG/RES/53/144, de marzo de 1999)
¿Qué implica esta obligación por parte de la Cancillería? Sostiene que, dicha ratificación implica que el Perú debe garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos ambientales, implica que puedan desempeñar funciones, de manera individual o colectiva, "sin amenazas, restricciones e inseguridad".
“Asimismo, el Estado peruano se estaría comprometiendo a establecer medidas concretas y apropiadas de prevención, protección, investigación, sanción y eventual reparación frente a los derechos incluidos a la vida, integridad personal, libertad de opinión, reunión y asociación pacífica y circulación y acceso en todo el territorio nacional”, sostiene.
El otro frente
Por su parte, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz afirmó que, el Acuerdo de Escazú fortalece la posición del Perú en temas ambientales al asegurar el principio permanente de soberanía de los Estados firmantes sobre sus recursos naturales, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción.
"Este acuerdo fortalece la posición del Perú, no la debilita. Creo que las empresas deberían entender mejor que si protegemos a los defensores ambientales, si damos derecho a la participación, si tenemos más transparencia vamos a prevenir los conflictos", enfatizó.
Aseguró que el instrumento "no está yendo en contra de las inversiones", es más, comentó, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.
La titular del Ministerio del Ambiente explicó que "el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo, principalmente, ayudar a los países que seamos más transparentes, más participativos y más respetuosos de los derechos de todos aquellos que quieren realmente contribuir con la defensa del ambiente".
“En absoluto es entregar la soberanía y mucho menos el control de la Amazonía [...]. El artículo 3 del Acuerdo de Escazú es asegurar el principio permanente de soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales”, manifestó.