Contraloría: 300 exfuncionarios piden anular sanción debido a fallo del TC

El presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la Contraloría General de la República, Enrique Aguilar, manifestó que la suspensión de su potestad sancionadora administrativa "concretará la impunidad en casos emblemáticos de corrupción" y también en aquellos en donde el organismo determinó inconductas funcionales, en los que están involucrados más de 15,000 funcionarios y servidores públicos.

“En julio están por caducar los casos de 65 exfuncionarios que involucran S/ 9 millones, sumado a los 110 casos de otros ex funcionarios que ya caducaron en mayo y junio último que representan más de S/ 28 millones, estamos hablando de S/ 37 millones de soles de perjuicio económico al Estado”, afirmó Aguilar.

Como se recuerda, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitido el 28 de abril del 2018, pero publicado un año después, el 26 de abril del 2019, reconoció constitucionalmente la capacidad sancionadora pero, a la vez, dejó sin efecto el catálogo de sanciones administrativas del Organismo Superior de Control.

Contraloría solicitó una aclaración para que se especifiquen los alcances de la misma, lo cual, según la institución, debió resolverse en dos días de acuerdo al Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, han transcurrido más de dos meses y la aclaración sigue pendiente, mientras que varios casos emblemáticos más podrían caducar.

“La sentencia del TC reconoció la constitucionalidad de la capacidad sancionadora de la Contraloría pero la debilitó al dejar un vacío normativo para los procesos administrativos sancionadores (PAS) que ya estaban encaminados y que se extiende ahora a los que estaban por ingresar, producto de las auditorías realizadas”, explicó el titular del TSRA.

Aguilar advirtió que otra consecuencia del fallo del TC es que no solo "atan de manos" a la Contraloría para luchar contra la corrupción, sino que a la fecha, 300 exfuncionarios que fueron sancionados con anterioridad a la publicación de la referida sentencia, están solicitando al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas la anulación de la medida impuesta con el propósito de ser repuestos en sus cargos.

Estos casos podrían llegar a judicializarse y constituir un gasto más para el Estado.

Entre los principales casos que podrían quedar impunes o sin sanción administrativas se encuentran Vía Costa Verde, donde se detectó perjuicio económico de más de S/ 46 millones debido a la aprobación de sucesivos adicionales de obra para implementar aspectos sin sustento técnico.

Asimismo, la Contraloría destaca el caso Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se detectó que 13 ex funcionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones.

Finalmente, el presidente del TSRA hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que emita cuanto antes la aclaración sobre su fallo; así como al Congreso de la República para que priorice en el Pleno el debate y aprobación del proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa.

Dicho proyecto en manos del Legislativo permitirá restituir la potestad sancionadora de la Contraloría.