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Por mayoría, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece que el monto total de facturas y recibos por honorarios deberá ser pagado en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha de emisión del documento.
Asimismo, indica que la empresa contratante deberá pagar intereses moratorios a la mype proveedora de no ceñirse al plazo señalado, los que se calcularán desde el día siguiente de la fecha de vencimiento hasta el momento del pago.
El dictamen, presentado por el legislador Carlos Anderson, de Podemos Perú, recibió luz verde con 11 votos a favor y cuatro en contra.
Salvedad
Durante el debate se introdujo una salvedad, por la cual, de común acuerdo, las partes, el proveedor y el adquirente del bien o servicio, pueden establecer un plazo mayor al establecido por la norma, siempre que conste por escrito y no implique abuso para la mype.
El ciclo de inversión del negocio se alarga cada vez más porque las grandes empresas utilizan su poder de compra para imponer condiciones que no van de acuerdo con los principios de equidad y eficiencia, sostuvo Anderson.
“Justamente eso está haciendo que las empresas (pequeñas), medio asfixiadas, busquen otras fuentes de financiamiento haciendo una especie de bicicleta que no ayuda”, enfatizó.
Resaltó que la propuesta legal busca favorecer a las mypes que están indefensas frente a las empresas más grandes con poder de negociación.
Inconstitucional
En contraste, María Acuña, de Alianza para el Progreso, cuestionó que el proyecto afecta la libertad que tienen las empresas para contratar y negociar el pago de sus cuentas, sin necesidad de imponerles condiciones, así como el libre comercio.
Incluso durante el debate la parlamentaria pidió una cuestión previa para analizar la norma y evitar caer en inconstitucionalidad, solicitud que fue rechazada.
Por su parte, Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), mostró su conformidad con el proyecto de ley “cuya esencia es favorable para muchas mypes que atraviesan un escenario difícil”.
“Las grandes firmas deben pagar oportunamente a los negocios pues muchos son de subsistencia y debe haber cierta conciencia de solidaridad; no tendrían por qué sacar la vuelta a la norma o dejar de contratarlas”, manifestó a Gestión.
Las compañías no deberían actuar obligadas por una ley, sino apelar a su buen gobierno corporativo, agregó.
Comentó que con un adecuado soporte tecnológico se podría llevar un buen control de las facturas y las mypes podrían aprovechar esta norma.
Traba
Sin embargo, Antonio Castillo, gerente de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), advirtió que el mecanismo propuesto “no se acondiciona a la cadena de fabricación, distribución y venta de la gran empresa”.
“A veces, la buena intención no se ajusta a la realidad; en este caso, la ley complica y genera una traba al funcionamiento del sistema productivo y comercial, a los 30 días las grandes empresas aún no tienen recursos para pagar a sus proveedores”, alertó.
Mencionó la experiencia de Chile, en donde se implementó una ley similar, que tuvo respaldo inicialmente, pero luego no se cumplió pues las compañías tuvieron que recurrir a acuerdos con sus proveedoras para postergar el pago.
En Perú, el sector privado no armoniza sus procesos con la fecha de pago propuesta en el proyecto, dijo. “Las empresas llegan a acuerdos que exceden el plazo establecido de 30 días, por lo cual no se resolvería el problema”, acotó.
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“Pequeñas proveedoras son fácilmente reemplazables”
“Este es un modelo que se aplicó en Chile y no funcionó”, enfatizó Joel Villanueva, country manager de Facturedo.
El Congreso no puede imponer condiciones sobre la negociación comercial entre proveedores y adquirentes, sostuvo. La aprobación de esta ley solo podría funcionar entre empresas del mismo nivel, con similar poder de negociación, pero no en un contrato entre una pequeña y una grande, afirmó. “Las pequeñas proveedoras son fácilmente reemplazables, por lo que, de no adecuarse a los plazos de pago, las grandes compañías contratantes escogerían a la segunda mype en la cola”, según el ejecutivo.
Sin embargo, prevé que la eventual ley no afectará las operaciones de financiamiento con facturas ni impactará significativamente en la negociación, pues el menor plazo permitirá solo una mayor rotación del capital de trabajo de las empresas de factoring.
