:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4OUMTUBJQFHA7BACSK7M6GVPBY.jpg)
La Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso está debatiendo un proyecto de ley presentado por su presidente José Luna Gálvez, del partido Podemos Perú (y quien ya fue congresista en cuatro periodos anteriores), el cual propone fortalecer las asociaciones de consumidores a efectos de mejorar la defensa de los consumidores frente a las empresas.
Uno de los puntos del proyecto de ley es incorporar a un representante de las asociaciones de consumidores en los consejos directivos de las entidades reguladoras bajo el ámbito de aplicación de la ley marco de organismos reguladores, es decir, Osiptel, Ositran, Osinerg y Sunass. Ello, a efectos de “balancear” el equilibrio existente entre los consumidores y los proveedores.
El proyecto además propone integrar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el ámbito de la norma señalada, por lo que, de aprobarse, un representante de los consumidores también pasaría a formar parte del directorio de dicha entidad.
Las asociaciones de consumidores son organizaciones que buscan proteger y representar a los consumidores y usuarios al interponer reclamos y denuncias ante la Comisión de Protección del Consumidor de Indecopi a nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder para ello. Deben encontrarse inscritas ante el Indecopi para ser reconocidas.
Financiamiento
Por otro lado, el proyecto busca crear una fuente de financiamiento para las asociaciones de consumidores.
El proyecto señala que las reguladoras que reciban aportes por regulación por parte de las empresas que supervisan deberán celebrar convenios con las asociaciones de consumidores, mediante los cuales se les permitirá a estas últimas acceder a fondos de financiamiento.
Dichos fondos estarán constituidos por el 10% de los aportes por regulación entregados a las entidades, señala el proyecto.
Luna indica que, de acuerdo a estudios de los gastos realizados por las entidades, dicha propuesta no afectaría el funcionamiento regular de las entidades.
Representantes de Conaup y la Asociación Proconsumidores del Perú se mostraron a favor del proyecto, indicando que las asociaciones de consumidores hoy en día sufren de una falta de legitimidad y reconocimiento, en parte, debido a una falta de financiamiento.
En concordancia con la legislación actual, las asociaciones se financian mayoritariamente con parte de las multas impuestas en los procedimientos impulsados por ellas.
Por otro lado, la Comisión de Defensa del Consumidor debate un proyecto para que se reduzca el plazo otorgado a los proveedores para responder a los reclamos. El plazo cambiaría de un total de 30 días a solo 7, prorrogable por 3 días adicionales por una única vez.
