Redacción Gestión

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ComexPerú afirmó que dadas las grandes implicancias del proyecto de Delgado en todos los sectores y el riesgo que representa para el en su conjunto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República deben oponerse.

Señaló que tal parece que, "aprovechando el ambiente de sobrerregulación que se vive en el país y cuyos ejemplos se puede ver en algunas entidades públicas, Delgado no ha tenido mejor idea que reavivar la discusión sobre la evaluación ex ante de toda figura de concentración empresarial, recaída en el proyecto de ley N.° 972/2011-CR, de su autoría".

Entre las entidades públicas que menciona Comex están la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El proyecto de Delgado busca que una entidad estatal en este caso, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se encargue de autorizar o denegar las fusiones y adquisiciones de , previamente a la celebración de las mismas.

"En pocas palabras, busca que el sector público regule las decisiones de inversión en el sector privado, lo que consideramos traería consigo impactos negativos en todos los sectores económicos, al imponer, contrariamente a lo que necesitamos hoy, más trabas al desarrollo de los negocios y la ejecución de proyectos privados", indicó.

Recordó que en abril del 2012, la bancada de Gana Perú presentó el proyecto de ley N.° 972/2011-CR, que si bien fue aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (entonces presidida por Delgado), fue vetado por el MEF y desatendido por el pleno y la Comisión de Economía del Congreso.

Indicó que esta iniciativa legislativa busca intervenir en todos los actos de concentración empresarial, que cumplan con dos requisitos: el primero, que una de las empresas involucradas registre en el balance del año anterior ventas brutas anuales iguales o superiores a 100,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de S/. 380 millones en el país.

El segundo, es que el otro u otros participantes de la operación registren, individual o conjuntamente, ventas brutas totales iguales o superiores a 10,000 UIT (S/. 38 millones), en el caso de fusiones, constituciones de una nueva empresa en común, joint ventures (inversión conjunta), adquisiciones que impliquen una toma de control directo o indirecto, o cualquier otro medio por el cual dos agentes económicos concentren sus negocios.

También en el caso que el valor total de la operación sea igual o superior a 10,000 UIT (S/. 38 millones), en el caso de adquirirse activos productivos operativos de otra entidad.

Si bien es cierto que la legislación peruana (Decreto Legislativo N°. 1034) no establece un control ex ante para estas operaciones, sí instituye un sistema de control ex post, en el que se investiga, persigue y sanciona las conductas anticompetitivas que puedan desarrollar las empresas al alcanzar una posición de dominio en el mercado.

El órgano encargado de ello es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC).

"Como hemos comentado antes, respecto de un control previo de estas operaciones debe tenerse en cuenta lo siguiente", señala Comex:

Primero, el proyecto podría impedir a las empresas alcanzar economías de escala y niveles de competitividad internacionales. Una iniciativa de este tipo, tal cual está planteada, representaría a todas luces una traba burocrática a la libertad de celebrar contratos privados en el Perú.

Segundo, podría incentivar negociaciones encubiertas. Este sistema le otorga un enorme poder discrecional al Estado y podría convertirse en fuente de corrupción al incentivar negociaciones "por debajo de la mesa" para la obtención de autorizaciones y, finalmente, debilitaría aún más la institucionalidad de nuestras entidades públicas.

Tercero, desincentiva el crecimiento de las empresas. Establecer un control previo de esta naturaleza no hace más que distorsionar las decisiones de inversión de personas y empresas. Esto generaría un aumento innecesario en los costos de transacción, retrasaría las inversiones y abriría una verdadera caja de pandora para que el Estado tome decisiones que no le corresponden.

Cuarto, la cada vez mayor integración y apertura comercial ya juega un rol en contra de los monopolios y oligopolios. Al tenerse cada vez menores aranceles a la importación, más acuerdos con socios comerciales importantes y mayor facilitación del comercio y la inversión, disminuye el riesgo de que un grupo económico predomine en el mercado y que abuse de su posición.

Incluso, resulta irónico pensar que una ley que restringe las actividades del sector privado tenga como objetivo, justamente, un mercado libre.

Citando al premio Nobel de Economía, Gary Becker, "el análisis económico sugiere que las leyes de defensa de la competencia deben ser indulgentes con las fusiones, dado que el incentivo para fusionarse por razones anticompetitivas será débil si las leyes antimonopolio atacan efectivamente la colusión", señaló el gremio del comercio exterior.

Agregó que en el Perú, el control y sanción posterior de prácticas anticompetitivas ha probado ser efectivo.

Manifestó que no tiene sentido, inclusive a nivel hacendario, que el Estado peruano asuma el inmenso costo de un nuevo sistema administrativo que analice previamente cada una de estas operaciones, porque el supuesto resultado anticompetitivo que se busca tiene ya un freno muy importante en el sistema de control posterior vigente.

"No contento con impulsar proyectos que lo único que buscan es regular de manera desmedida el mercado y restringir la actividad privada en el país –como la Ley N° 29811, que prohíbe en la práctica la biotecnología agraria, o la Ley N° 30021, que pretende decidir por los peruanos qué es comida no "saludable" –, el congresista Delgado vuelve a la carga", dijo Comex.