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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirmó que las recientes modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado realizadas por el Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria permitirían que se produzcan actos de corrupción.
Según el gremio, los cambios impedirán durante los próximos tres meses que los participantes no puedan elevar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los cuestionamientos que tengan al pliego de absolución de consultas y observaciones.
“El camino hacia la reactivación económica y la tramitación de contrataciones públicas debe ser ordenado, con reglas justas y transparentes que promuevan la participación de más empresas nacionales y extranjeras, a través de medidas que permitan fortalecer la potestad fiscalizadora del OSCE y su rol como ente rector en el proceso de contratación pública”, dijo el presidente de la Comisión de Contrataciones del Estado de la CCL, Raúl Barrios.
La medida, lejos de permitir a las entidades públicas la tramitación de contrataciones para el reinicio de actividades de forma transparente, va a generar un efecto adverso, según Barrios.
El representante del gremio explicó que de ahora en adelante las decisiones de los comité de selección, que son los llamados a conducir el procedimiento y seleccionar al proveedor ganador de una buena pro en las licitaciones y concursos públicos, serán legitimadas por mandato legal, sin importar si son equivocadas, injustas o ilegales al no poder ser cuestionadas ante el OSCE.
“Se contraviene los principios de competencia e integridad y favorece la impunidad y corrupción en las contrataciones públicas. Esta modificación a la norma permite que se den actos de corrupción ya que se podrían direccionar las licitaciones a un determinado postor sin que el OSCE pueda intervenir”, aseveró Barrios.
El ejecutivo también indicó que la modificación al reglamento no acelerará el proceso de contratación pública ya que los participantes afectados ante una decisión arbitraria, ilegal o antitécnica de parte de los comités de selección estarían habilitados a interponer el recurso de apelación una vez otorgada la buena pro, alargando con creces el procedimiento y dificultando la contratación de bienes, servicios y obras.
