Capeco: nueva ley de desarrollo urbano será muy difícil de cumplir por municipios

Antecedentes

Cabe señalar que esta norma (Ley N°31313, de Desarrollo Urbano Sostenible), dada a fines del Gobierno del entonces presidente Francisco Sagasti, está vigente desde julio último, y otorga nuevas obligaciones, facultades y herramientas a los municipios para elaborar los planes de desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial.

A través de su reglamento, entre las obligaciones dispone, por ejemplo, que se asegure la participación activa no solo de los municipios, sino también de la ciudadanía en la elaboración de estos planes.

Además, les faculta a crear lo que expertos tributaristas consideran nuevos impuestos sobre el valor del terreno a pagar por sus propietarios, y cuya recaudación debería ir dirigida a la dotación de servicios para acondicionar esos predios donde se piense desarrollar por ejemplo planes de vivienda, entre otros.

Es preciso recordar también que los planes de desarrollo urbano son instrumentos técnico - normativos y de gestión básica para promover, orientar y regular el crecimiento de centros poblados urbanos, e identifican proyectos, obras y acciones para tal desarrollo, como vialidad, transporte, etc.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEI), de los 1,889 municipios que hay en el país (196 provinciales y 1,693 distritales), sólo 256 de esos gobiernos subnacionales cuentan con planes de desarrollo urbano y 150 tienen esquemas de ordenamiento urbano.

Según los expertos, ya existen reglamentos para el ordenamiento territorial, pero en el caso de Lima metropolitana, por ejemplo, si bien tal regulación se aprobó en la década del 90, hasta ahora está pendiente de que se cumpla la adecuación de la ciudad a esa disposición.

¿Qué aspectos de la norma preocupan a Capeco?

En entrevista a Gestión, Jorge Zapata, presidente de Capeco, explicó las observaciones de su gremio a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

¿Qué opinión tiene Capeco sobre esta norma?

La ley es bien extensa, empieza por la parte de la planificación urbana, estimula que las municipalidades hagan sus planes de desarrollo urbano, lo cual, sí es positivo, y restringe de alguna forma los cambios de zonificación específicos.

Hay expertos que objetan esa ley.

Ahora, tampoco se puede eliminar (esa norma) al 100%, pues si no hay planes de desarrollo urbano y no hay cambios de zonificación especifica (para proyectos de vivienda), estamos en un problema, porque no hay forma de hacer desarrollo urbano, construcción de vivienda, o desarrollo inmobiliario. Hay que tener mucho cuidado porque en el Perú hay mucha informalidad, y las municipalidades muchas veces carecen de las competencias.

Participación Ciudadana

¿Qué partes de la ley generan preocupación en el gremio empresarial?

Es la parte vinculada al desarrollo urbano. Nos preocupa el tema de la participación de la sociedad civil organizada. Creemos que se tiene que acotar mucho cuál es la forma de participación y a qué limites puede llegar, si no, podemos convertir un plan de desarrollo urgano en un instrumento necesario pero que no se apruebe nunca.

¿Qué plantean en ese punto?

Si no se acota a algún tipo de organización, puede participar cualquier ciudadano como persona natural o individual, y eso hace totalmente engorrosa la producción de un plan de desarrollo urbano. Entonces, hay que acotarlo muy bien (y definir) quien es esa sociedad civil organizada.

¿Qué otro aspecto de esta ley podría afectar el desarrollo urbano?

Nos preocupa el exceso de texto que tiene la norma porque tiene objetivos, finalidades, enfoques, etc, y en esta se han trazado una serie de requisitos que tienen que tener los planes de desarrollo urbano que muchas veces son muy difíciles de cumplir por parte de las municipalidades.

Enfoque de género

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, los planes de desarrollo tienen que tener un enfoque de género. Entonces, cómo plasmamos un enfoque de género en un plan de desarrollo urbano; eso tiene una interpretación interminable. Entonces, pongamos a las municipalidades textos (de la norma) más fáciles, más sencillos de interpretar, y de realizar.

Los expertos en tributación objetan que esta ley permite a los municipios crear nuevos impuestos, para invertirlos en infraestructura para proveer de servicios a futuras zonas áreas urbanas, ¿Qué opina Capeco?

Se entiende que los impuestos (bajo el concepto Aprovechamiento del Incremento del Valor del Suelo) que están creando, salen de la plusvalía -la diferencia entre el valor de compra del terreno y de la venta del mismo- y allí tenemos preocupación porque se han establecido rangos (de ese impuesto) entre el 30% al 50% (sobre el valor del suelo) y creemos que es mucho.

¿Les preocupa el destino que se de a los recursos captados por ese impuesto?

Se supone que esas plusvalías son para el mismo territorio donde se están desarrollando los planes o los proyectos inmobiliarios o de otro tipo (para dotarlos de servicios como agua, desagüe, luz, vías, etc.); y con la falta de capacidad y la corrupción en muchas municipalidades, ese dinero sabe Dios dónde terminará.

Desincentivo a la inversión

Los expertos indican que esa parte de la ley es un desincentivo a la inversión ¿Cómo lo ven?

Si se cobran más impuestos, los desarrolladores van a tener más cuidado en comprar terrenos. Esta parte de la ley todavía no se ha visto en los reglamentos que está generando el Ministerio de Vivienda, y allí se debe evaluar muy bien este tema de las plusvalías antes mencionadas.

¿Han pedido al Ejecutivo que se pueda mejorar estos aspectos de la ley en sus reglamentos?

Sí, estamos conversando con el Ministerio de Vivienda, haciendo las propuestas necesarias en los reglamentos de cada parte de la norma, para hacer oír nuestra voz y poner la pausa donde sea necesario, y advirtiendo que podría ser negativo para el desarrollo de la vivienda.