Fitch Rating, Standard and Poor’s (S&P) y Moody’s Investors Service tienen preocupación alrededor de las perspectivas de Perú ante los recientes anuncios desde el Poder Ejecutivo, por lo que estarían evaluando una posible baja de la calificación crediticia del país, señaló Juan José Marthans, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y director del Área de Economía del PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.
“El problema aún no está fijado en los fundamentos, sino en un entorno político que deteriora los mismos. Las noticias que se han dado (en referencia a los anuncios de Bellido) son negativas, las cuales van en contra del equilibrio de poderes, estabilidad cambiaria y bienestar de la población”, señaló.
Añadió que las calificadoras e riesgo crediticio consideran que si no hay un cambio en el frente político de manera sustancial es posible que no se sostengan las calificaciones.
“No entienden (las calificadoras) las contradicciones en el discurso del presidente y su primer ministro respecto a, por ejemplo, mensajes sobre el apoyo al sector privado. En ese contexto, hay una crisis de liderazgo en Perú, y esto es tomado en serio por las calificadoras. Es posible que antes de que finalice el año degraden la calificación soberana de Perú. Se debería proponer una penalidad a cualquier autoridad que atente sobre la economía peruana”, indicó.
Recientemente Fitch Ratings colocó en ‘observación negativa’ las calificaciones de Hunt Oil Company of Peru LLC, Sucursal del Peru (HOCP). En un comunicado, Fitch explicó que la ‘observación negativa’ (rating watch negative o RWN) de las calificaciones refleja el mayor riesgo regulatorio y político de HOCP debido a la reciente solicitud del Gobierno peruano de renegociar el acuerdo de licencia del Consorcio Camisea.
Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, señaló que, ante los recientes hechos (en referencia a los anuncios sobre Camisea), la probabilidad e que ocurra un downgrade (baja en la calificación crediticia) es mayor, pues el ambiente es menos propicio para la inversión. Mencionó que parte del análisis recae en las expectativas de crecimiento, ratio de deuda sobre PBI e ingresos tributarios sobre endeudamiento.
“Cuando uno mira los análisis que sacan sobre Perú se puede identificar que hay constantes como el ruido político. Las calificadoras han destacado la falta de claridad de la actual administración en términos de políticas económicas. Estos elementos son entendidos como una fricción para el crecimiento a mediano y largo plazo”, afirmó.
Recordó, además, que una de las calificadoras, Fitch Ratings, ya tiene a la calificación crediticia de Perú en perspectiva negativa; es decir, estaría más propensa a bajar la calificación si la situación política y expectativas de inversión no mejoran.
“Cada calificadora tiene su propio modelo de riesgo, pero en esencia analizan qué cosa favorece al crecimiento de un país. En ese paquete se encuentra la calidad de políticas públicas, estabilidad política, social e incentivos para la inversión. La ratificación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva es una señal positiva”, indicó.
Por su parte, el economista Jorge Gonzales Izquierdo indicó que los últimos anuncios de Bellido suman a la incertidumbre política, lo cual da señales más claras a las calificadoras sobre una posible recalificación a la baja. “Recientemente Moody’s nos ha bajado la calificación. Ante el actual contexto es probable que las otras dos calificadoras sigan este camino”, señaló.
Consecuencias
Según Perea, la consecuencia que un downgrade traería consigo es que el Perú tendrá que pagar tasas de interés más altas que las que paga actualmente por la deuda pública, lo cual ocasionaría, además del mayor costo financiero, tener menos recursos para gasto público. “En lugar de tener más gasto social en colegios o infraestructura se tendría que pagar más por el servicio de la deuda. Esto perjudica finalmente a las familias”, manifestó.
Asimismo, las tasas de los bonos soberanos sirven de referencia para establecer otras tasas de la economía como las de los créditos hipotecarios. “Entonces, si el costo de financiamiento del gobierno sube, las tasas de los productos financieros que usan las familias también pueden encarecerse”, afirmó.