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Buenos Aires (AP).- Un tribunal de apelaciones dejó sin efecto las multas que el gobierno argentino lo había aplicado a siete consultoras privadas por presuntamente difundir datos inexactos sobre el índice mensual de inflación.
Esas mediciones difundidas cada mes duplicaban a las elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el cual está sospechado desde hace varios años de manipular las cifras de inflación, fenómeno que hoy es eje del debate económico y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en Argentina.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó las sanciones que la Secretaría de Comercio Interior le había aplicado en 2011 a las consultoras por violación de la ley de Lealtad Comercial a partir de la publicación del índice de precios al consumidor elaborado con presunta "información inexacta".
La justicia consideró que "la conducta imputada no se encontraba tipificada" en la normativa mencionada, según el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
La inflación es una de las mayores preocupaciones de los argentinos, según las encuestas. El alza de los precios fue de 25,6% en 2012, según estimaciones de consultores privados, mientras que para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández fue de 10,8%. Los cálculos oficiales del costo de vida han sido cuestionados por el Fondo Monetario Internacional por considerar que están subestimados.
Desde que INDEC fue intervenido en 2007 por el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner poco antes de las elecciones que consagraron a su esposa Cristina Fernández, proliferaron los informes elaborados por consultoras privadas sobre el costo de vida.
En 2011, el mismo año que Fernández obtuvo la reelección, la secretaría de Comercio le prohibió a dichas empresas difundir los informes porque supuestamente carecían de rigor estadístico. Las consultoras continuaron elaborando estudios sobre inflación que cada mes son dados a publicidad por diputados de la oposición, que se escudan en sus fueron parlamentarios para evitar sanciones.