El último domingo el Gobierno anunció medidas en el marco de la denominada ‘segunda reforma agraria’.
Además de lo inapropiado del título, debido a que hace referencia a un régimen dictatorial y de expropiaciones, los analistas consultados por Gestión coinciden en que los anuncios dados resultan insuficientes para tener expectativas de una mejora de la situación de los pequeños agricultores.
El Gobierno anunció el plan de reforma en base a cinco ejes: la creación del Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, ajustes a la franja de precios e inicio de estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes, un programa de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar, construcción de cochas y microreservorios, y promover más asociatividad y cooperativismo entre los productores.
Especialistas indicaron que muchas de estas medidas ya se viene aplicando, por lo que lo relevante habría sido anunciar un incremento importante en el presupuesto de los programas referidos a infraestructura.
El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, señaló que será clave ampliar el presupuesto para obras de irrigación, de lo contrario el plan de apoyo a la agricultura familiar fracasará.
“Se deben mencionar presupuestos y plazos de ejecución. El presupuesto de infraestructura de riego requiere de un aumento importante. Actualmente es de S/ 400 millones y es insuficiente pues el déficit de infraestructura de riego es de S/ 10,000 millones”, subrayó.
Respecto al programa de compras públicas vía Qali Warma, Benites indicó que ello ya se viene aplicando y aún ampliando sus volúmenes resultaría insuficiente.
“Ese no debe ser el principal mercado de la agricultura de pequeña escala; sino que vía la asociatividad debe buscarse una alianza con el sector agroexportador para llegar a nuevos mercados”, anotó Guillén.
Por su parte William Arteaga, exviceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria del Minagri, refirió que para desarrollar los ejes planteados por el Gobierno no se requiere de la aprobación de un proyecto de ley de parte del Congreso, tal como lo ha anunciado el Premier Guido Bellido, sino que el Ejecutivo tiene las facultades para implementar estas medidas.
“Todo lo planteado lo pueden hacer sin ninguna ley. No sé para qué requieren de una ley. Salvo que quieran hacer algo más pero no sabemos qué es, pues no lo han dicho”, señaló.
Respecto al grupo conformado por el Ejecutivo para elaborar medidas en el marco de la segunda reforma agraria, Arteaga refirió que no solo fueron excluidos representantes de los sectores productivos, sino también a los municipios.
“El rol de los municipios es importante para conocer los niveles de electricidad y agua potable que se requiere para el desarrollo agrícola en cada zona y para articular con los mercados a nivel nacional. No incluirlos demuestra desconocimiento del sector”, refirió.
Para Benites, hubo apresuramiento en realizar un lanzamiento de la llamada reforma agraria, sino que se debió esperar al final del trabajo del grupo conformado, previsto a ocurrir en diciembre. “El lanzamiento hubiera sido mejor cuando se tenga claro qué se va a hacer”, anotó.
En ello coincidió Arteaga. “Por ahora solo se muestra que se carece de un objetivo, no sabemos adónde vamos, si queremos elevar la productividad o solo queremos subsidios, y en el largo plazo eso revierte contra de la competitividad. Ya conocemos los modelos que han triunfado y han fracasado en el Perú”, apuntó.