A través del Decreto Legislativo N° 1534, el Poder Ejecutivo aprobó la modificación del mecanismo de obras por impuestos (OxI), lo que permitirá que las regiones que no cuentan con ingresos por canon y sobrecanon puedan usar otras fuentes de ingresos para el desarrollo de inversiones en alianza con el sector privado.
La medida permitirá impulsar el desarrollo de inversiones y contribuir a las acciones programadas para el cierre de brechas de los servicios públicos, destacó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, el Gobierno aprobó la modificación de la Ley N° 29230 (Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado) para extender las fuentes de financiamiento para inversiones involucradas en este mecanismo.
“La normativa vigente solo permitía que el mecanismo de OxI sea financiado con los ingresos por canon y sobrecanon al que tienen acceso algunos gobiernos regionales y locales. Con la medida aprobada por el Poder Ejecutivo, los proyectos de inversión vía OxI se podrán financiar con fondos como Foncomun, Foncor y Focam; así como con impuestos municipales, recursos directamente recaudados y recursos ordinarios. Es decir, podrán usarlo todos los gobiernos regionales y locales”, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham.
Inversiones
Otra modificación al mecanismo de OxI aprobada por el Gobierno consiste en que también se permitirá financiar inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y de reposición (IOARR) ordinarias y aquellas que se presenten en situación de emergencia. También se podrá invertir en actividades de operación y mantenimiento.
“Se debe tener en cuenta que en el sector Educación, el 91% de locales educativos está en zonas rurales. Además, el 73% de la infraestructura de ese sector en zonas urbanas requiere mantenimiento. Ambas podrían ser beneficiadas con el mecanismo de OxI”, explicó Graham.
Asimismo, detalló que las situaciones de necesidad y emergencia que atraviesan varias regiones exigen intervenciones rápidas que pueden ser atendidas mediante las IOARR y las IOARR de emergencia que, a partir de la modificación aprobada por la ley, podrán realizarse a través del mecanismo de OxI.
Impacto
El ministro de Economía y Finanzas afirmó que estas medidas acelerarán la ejecución de la inversión en los gobiernos regionales y locales y permitirán que las empresas privadas puedan participar en la ejecución de una mayor diversidad de intervenciones.
“Esto se podrá traducir en un mayor monto de inversión adicional a la actual cartera de proyectos que cuenta con interés y financiamiento por parte del sector privado, reduciendo considerablemente las demoras en su ejecución y los incrementos excesivos en los presupuestos de obra”, remarcó.
“El efecto potencial de la ampliación del financiamiento para los gobiernos regionales significará un aproximado de S/ 5,264 millones adicionales de inversión. En tanto, para los gobiernos locales, este impacto sería de S/ 10,275 millones”, estimó.
Asimismo, precisó que se permitirá que las entidades públicas puedan aprovechar la eficiencia del sector privado desde el diseño, ciñéndose a sus parámetros y costos, evitando posteriormente incrementos excesivos en la fase de ejecución del convenio.
Graham también sostuvo que la medida aprobada por el Gobierno posibilitará la recuperación de las inversiones que requieran alguna intervención para su optimización, contribuyendo a brindar sostenibilidad a los proyectos ya ejecutados.
Próximos pasos
Finalmente, el ministro señaló que el MEF continuará revisando el marco normativo que regula las OxI, con el fin de simplificar los procesos de evaluación y agilizar la ejecución de las inversiones, contando para ello con la participación de todos los actores involucrados.
Además, se evaluará la emisión de una normativa que garantice a los actores del sector privado el reconocimiento de las inversiones realizadas a cambio de impuestos, independientemente de la autoridad que ejerza el cargo en los gobiernos subnacionales.