Agricultura en la selva: ¿cuál es la controversia por posibles cambios a la Ley Forestal?

La discusión se concentra en un punto: el texto buscaría ‘pasar por alto’ que agricultores (grandes y pequeños) operen en zonas que antes eran bosque, con el fin de que continúen realizando su actividad económica en dichas áreas. Esto, sin verificar si cuentan o no con autorización de cambio de uso de suelo para fines agrícolas.

¿Qué dicen los involucrados y los especialistas? Los argumentos a favor plantean que no se puede dar la espalda a los agricultores que hoy se desarrollan en esas zonas y que tienen título de propiedad; los argumentos en contra sostienen que con la modificación se da una mala señal y podría extenderse la deforestación.

Lo que aprobaría el Congreso

El principal cambio se encuentra en una Disposición Complementaria Final del proyecto que, entre otras cosas, pretende que los predios privados que tienen título de propiedad o constancia de posesión que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividad agropecuaria serán considerados, de manera excepcional, como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto están exceptuados de realizar su Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

Bajo la ley vigente, cuando se analiza la capacidad de uso de las tierras, estas pueden ser forestal o para protección, lo que significa que “se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios”. Eso significaría que quienes ocupen terrenos y cultiven en ellos deben salir del área. Con la modificación que se prepara, ya no sería así.

¿Cuánto mueve el agro en la selva?

Para entender la relevancia de traer este tema a la palestra, es necesario dimensionarlo. Si consideramos a Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, el valor bruto de la producción (VBP) agropecuaria de estas cinco regiones alcanza los S/ 4,876.7 millones, destacándose los cultivos como arroz, café, y palma aceitera.

Además, según data del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en la Amazonía existen al menos unas 140,000 familias que se desempeñan en esta actividad y que ocupan aproximadamente 1.5 millones hectáreas; parte de ellas están sobre suelo que no necesariamente tiene aptitud agropecuaria (la medición exacta se hace difícil porque muchos de estos casos están referidos a agricultura migratoria).

A favor de los cambios

Ledgar Arévalo, presidente de la Asociación peruana de productores de palma aceitera sostenible (quienes venden palma a las empresas extractoras, como Palmas del Espino) respaldó los cambios y explicó a Gestión que ya se hicieron inversiones en los terrenos donde actualmente están sus cultivos.

“Tenemos plantaciones de palma aceitera, posiblemente su suelo sea de aptitud forestal, pero por el tratamiento que se le hace, ya ese palmicultor usufructúa, saca buenos beneficios. Pero la ley Forestal exige que lo dejemos ahí, ¿quién va a ser tan loco de invertir tanto dinero, unos US$ 4,000 por hectárea, para después, por un capricho de los que elaboran leyes en gabinete, sin conocer la realidad y sin conocer los agricultores, lo dejemos ahí?”, subrayó.

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Si de reforestar se trata -dijo- donde hay una pendiente de más de 15 grados en el terreno ya no se puede sembrar palma. Entonces, esas áreas se utilizan para sembrar árboles, los que se usan principalmente como controlador biológico para contrarrestar plagas y enfermedades en las plantaciones.

Los cafetaleros hablaron en el mismo sentido. La Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú señaló que los artículos 37 y 38 de la Ley Forestal y Fauna Silvestre los perjudican.

“Hay una inversión fuerte del Estado mismo, han titulado, los agricultores tienen constancia de posesión, certificado de posesión, más los préstamos que han recibido. Pero ahora te dicen que hagas análisis de suelo, impacto ambiental. Si a un agricultor le dicen que ese terreno no es apto para cultivos, ¿vas a reubicar más de 2 millones de agricultores? Se hacen leyes de gabinete, sin consulta al agricultor”, remarcó.

¿Qué dicen los artículos N° 37 y 38? El primero habla de la prohibición del cambio de uso actual de tierras que principalmente sean para uso forestal o áreas de protección. El artículo 38 exige que en los casos que sí se puedan hacer cambio de uso a fines agropecuarios, se respete la zonificación ecológica-económica, tenga previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente y que reserve un mínimo de 30% de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola.

Estos dos artículos ya no se aplicarían a los agricultores (con predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidos antes dela vigencia de la modificación propuesta) si se da luz verde a la insistencia del dictamen en el Parlamento.

Para el exministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, la modificación de la ley Forestal y de Fauna Silvestre debe subsanar los problemas que pueden generarse si se criminaliza a los agricultores, “que son la base de la seguridad alimentaria de una gran parte de la población del Perú”. Recordó que existen más de 500,000 unidades agropecuarias en la Amazonía del país que producen 70 productos y cerca de US$ 1,200 millones en exportaciones.

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“Esas unidades agropecuarias se encuentran tituladas o con constancias de posesión otorgados por el Estado. Ese Estado, precisamente, es quien ha incentivado a cerca de 2 millones de personas a desarrollar agricultura, otorgando créditos, asistencia técnica, construyendo infraestructura de comunicaciones, entre otros servicios. Ahora, se pretende desconocer derechos de propiedad y castigar a esos agricultores por ocupar terrenos con aptitud forestal, cuando ya no existe bosque en pie y esos terrenos se usan para la agricultura”, refirió Benites.

El exfuncionario agregó que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se aprobó en el 2011 y sus cuatro reglamentos en el 2015. Y que a pesar de todos los años que tiene vigente, no se ha logrado solucionar uno de los grandes problemas de la Amazonía: la deforestación.

Si miramos el Bosque Amazónico del Perú, los números muestran que en el 2001 había 70.6 millones de hectáreas, y 20 años después, la cifra se redujo a 67.9 millones de hectáreas. Visto de otra manera, en el 2020, se alcanzó un ‘pico’ de 203,272 hectáreas perdidas de bosque, y en el 2021 fueron 137,976 hectáreas.

Preocupación por el futuro

Así como hay miradas a favor, también hay posiciones en contra que ven el riesgo de que el texto propuesto por el Congreso de la República abra la puerta a una mayor deforestación. Alberto Gonzáles-Zúñiga, director ejecutivo de Serfor, cuestionó que se busque establecer un mecanismo por el cual se legalizaría el cambio de uso no autorizado en perjuicio del patrimonio forestal de la Nación.

“Uno de los grandes problemas que sufren los bosques a escala mundial es el cambio de uso de suelo, es decir, la deforestación y degradación del bosque como resultado de diversos procesos, puede ser expansión urbana, o puede ser por determinados delitos que afectan como la tala ilegal, tráfico ilegal de fauna silvestre, tráfico de tierras para promover cultivos ilegales. Pero el factor fundamental es el avance de la agricultura”, explicó.

En el 2017 el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que el 91% de la deforestación de los bosques de la Amazonía se daba por la agricultura informal.

A diferencia de lo que sucede en otros países como Brasil o Bolivia, donde “los que conducen la deforestación son las grandes unidades productivas de soya y ganadería”, en el caso peruano, el que contribuye mucho más a la deforestación es el avance de unidades pequeñas sobre el bosque.

La data muestra que en el Perú el tamaño de la pérdida de bosque es sobre todo en espacios de hasta 50 hectáreas (concentrándose en tierras de 1 a 5 hectáreas de bosque, y de más de 5 hasta 10 hectáreas).

“Quienes llegan a la Amazonía normalmente son de origen andino. Si bien tienen un manejo tecnológico propio del mundo andino, este es inadecuado para el mundo tropical. Por lo tanto, cuando se establecen sobre las tierras forestales, cortan los bosques, establecen sus sembríos, sus crianzas, lo hacen con tecnologías muy pobres, de tal manera que los rendimientos de esos cultivos pasado el segundo año caen en picada. Por ello, estas unidades familiares no tienen otra opción que seguir avanzando sobre el bosque”, expresó.

¿Qué plantea Serfor? Que se apueste por un mecanismo llamado: contratos en cesión de uso. Estos son documentos que se hacen considerando la Constitución del país, que establece que el patrimonio forestal no puede ser asignado con título de propiedad. El funcionario criticó que en el pasado se haya otorgado dicho títulos y hoy no se debería santificar una “decisión ilegal”. Entonces, una manera de pasar a la legalidad es bajo estos contratos.

El mecanismo puede darse hasta por un horizonte de 40 años, renovable. La principal restricción que trae consigo es que no permite se trance la tierra en un mercado. “El contrato de cesión en uso evita el mercado de tierras, pero otorga todo lo que necesitas como unidad familiar para prosperar. Necesitas horizontes de 40 años, renovable, apoyo en asistencia técnica en producción, en mercadeo, en asociatividad, en financiamiento. Lo que se hace con este texto del Congreso de la República es romper con este proceso, quebrarlo y dar una señal que cualquier persona o lo que venga después pueda ocupar un área forestal, lograr su título y no pasa nada”, subrayó.

Actualmente, existen 225 contratos de cesión en uso vigentes, todos otorgados en San Martín. Y si bien continúan avanzando en esa zona, el foco también está en Huánuco, Loreto y Ucayali. En el caso de esta última región, ya Serfor tuvo dos reuniones con asociaciones que agrupan alrededor de 3,000 a 4,000 familias.

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Para Iris Olivera, Coordinadora del Programa Cambio Climático y Bosques de DAR, no se atiende un problema social (como se ha expuesto sobre agricultores ocupantes en áreas deforestadas), por el contrario, agudizará otros problemas del territorio, de ocupación sin filtros ni criterios, brinda más poder a entregar certificados de posesión (que la Ley forestal no incluía, solo a propietarios) contradiciendo la misma Ley Forestal que prohíbe el otorgamiento de tales títulos o certificados de posesión.

“Eliminar los requisitos de cambio de uso e incluso excluir la evaluación de las tierras por su capacidad de uso mayor favorecería a las actividades agropecuarias o agroindustriales que estarían liberadas de cumplir tales requisitos, estaríamos hablando de una norma (autógrafa) con enfoque anárquico de quitar los criterios técnicos y reglas solo para condonar y dejar impunes a ciertos sectores”, explicó.

DAR considera que se contradice el objetivo de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional. “Va en retroceso a los criterios de la sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos naturales con enfoque de paisaje, pues insiste que promover la explotación y ocupación de la tierra en la Amazonía para actividades agropecuarias sacrificando el bosque y desapareciendo todos los servicios ecosistémicos que proveen”, finalizó.

La zonificación forestal. Es un instrumento de planificación que se tiene para una gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Básicamente es un mapeo para determinar si un área es de bosques de producción permanente, sistemas agroforestales, fines agrícolas o ganaderos, entre otros. Según Serfor, aunque no es un proceso simple y requiere una inversión de parte de los gobiernos regionales (GORE), les otorga beneficios pues al conocer en detalle el territorio, se pueden promover mejores inversiones de acuerdo a los atributos de cada área. ¿Cuánto han avanzando los GORE en este sentido? A la fecha, se ha mapeado solo el 19.37% (24.3 millones de hectáreas) del total de área considerada. Para el primer trimestre del próximo año, tras un trabajo con Huánuco, Pasco, Junín y Madre de Dios se agregarían 6 millones de hectáreas más con zonificación forestal, estimó Serfor.