Sin norte en el camino a la formalización: Análisis del PL MAPE y del futuro de la minería informal en el Perú

Por Giacomo Sanguineti Ravettino, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad del Pacífico.

La minería informal e ilegal constituyen uno de los mayores retos sociales, económicos y ambientales en el Perú. Si bien la minería es un pilar fundamental para la economía nacional, la falta de regulación en ciertas áreas ha generado que determinados sectores operen fuera del marco legal, causando una serie de impactos, tales como deforestación, contaminación y explotación laboral.

En este contexto, el Estado ha implementado diversas iniciativas destinadas a regularizar la minería informal. Una de las más relevantes es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que surgió como un mecanismo para identificar a los mineros informales y permitirles iniciar un proceso de formalización. Sin embargo, la experiencia del REINFO ha dejado en evidencia importantes deficiencias, como las reiteradas de prórrogas, la falta de seguimiento efectivo y un alcance limitado, lo que ha impedido que logre el impacto esperado.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo ha planteado recientemente el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (PL MAPE), el cual propone un enfoque que, si bien es continuista en algunos aspectos, plantea cambios que permiten abordar la problemática de modo integral.

No obstante, pese a sus objetivos ambiciosos, el PL MAPE no se ha visto libre de críticas, dado que implementación plantearía desafíos importantes relacionados con la posibilidad de una supervisión más efectiva o la eficacia de los incentivos propuestos. Con dicho contexto, procederemos a abordar los elementos clave del PL, evaluando sus limitaciones y brindando algunas recomendaciones relevantes.

El Proyecto MAPE: Una solución con limitaciones

El PL MAPE se ha planteado como una herramienta para enfrentar la persistente informalidad en la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú. Esta propuesta pretende integrar soluciones accesibles y sostenibles para un sector que representa una fuente de ingresos para miles de familias, al mismo tiempo que supone una de las mayores amenazas ambientales, sociales y de salud pública cuando, si opera fuera del marco legal.

Uno de los elementos más destacados del PL MAPE es el traslado de la autoridad para la evaluación de los trámites de formalización, pasando de los Gobiernos Regionales (GORE) al MINEM. Este cambio busca mejorar la gestión del proceso, dado que dicha entidad cuenta con mayores recursos técnicos y experiencia en el manejo del sector. Además, se espera que esto permita un mayor control sobre los procedimientos, considerando que es más sencillo supervisar a una entidad centralizada que a múltiples gobiernos regionales.

En cuanto a los incentivos económicos, el Proyecto MAPE incluye medidas de apoyo técnico, como capacitación en gestión ambiental y técnicas sostenibles de extracción. Asimismo, se establece la exoneración de la vigencia de la concesión del contrato de explotación por 2 años o la posibilidad de que el MINEM establezca otros incentivos.

Un aspecto central del proyecto es su enfoque en la focalización geográfica y socioeconómica, priorizando las regiones donde la minería artesanal es predominante. Dicha política responde al hecho de que las dinámicas y necesidades de los mineros varían significativamente según la ubicación, lo que justifica la implementación de políticas diferenciadas que atiendan realidades locales.

Como se puede apreciar, este proyecto intentar dar solución a problemáticas que no han podido ser resueltas por el actual proceso integral de formalización, que incluye REINFO, el cual ha venido siendo cuestionado tanto por los plazos extendidos como por la cobertura que ha dado a la minería ilegal. Precisamente, en torno a esto último, el PL MAPE deroga el artículo 4 que prevé la exoneración de responsabilidad penal a quienes están inscritos en el REINFO.

Esta exoneración si bien permite a los mineros operar sin riesgo de sanciones durante el periodo de formalización, no solo ha servido para que muchos de ellos prolonguen indefinidamente su “proceso de formalización”, sino que ha dado carta blanca para que la minería ilegal opere bajo un ropaje legal. La derogación de este artículo por parte del PL MAPE constituye una medida válida.

Sin embargo, el proyecto normativo no detalla cómo se manejarán las responsabilidades legales de los mineros durante el periodo de transición ni qué mecanismos se implementarán para garantizar que cumplan con los nuevos plazos.

Por otro lado, y a pesar de las buenas intenciones del PL, éste enfrenta desafíos y cuestionamientos significativos. Un primer punto crítico es la capacidad limitada de fiscalización. Sobre este punto, el proyecto no ofrece medidas novedosas, ya que se limita a señalar que los GORE pueden contratar a terceros del OEFA o suscribir convenios con las autoridades para el fortalecimiento de capacidades. En sí, estas acciones pueden ser realizadas hoy, por lo que no resulta un aspecto sobre los que se haya puesto el foco.

La efectividad del Proyecto MAPE depende de un monitoreo constante, especialmente en zonas donde las actividades mineras son difíciles de controlar debido a su ubicación remota y la falta de recursos técnicos y humanos suficientes. En esa línea, sin un sistema robusto y efectivo de control, existe el riesgo de que la minería informal continúe operando sin enfrentar consecuencias legales ni económicas que desincentiven su práctica.

Por otra parte, al relacionar nuevamente esta iniciativa con el REINFO, es incierto su futuro. Según las disposiciones complementarias del proyecto normativo, se otorga un plazo de 6 meses para que los mineros inscritos culminen su proceso de formalización. Sin embargo, no se precisa cómo se asegurará que los mineros puedan completar dicho proceso dentro del plazo, ni cómo se gestionará a aquellos que no lo logren. Asimismo, no se detalla qué sucederá después de este período, lo que genera dudas sobre si se implementará un nuevo sistema o si se mantendrá el REINFO bajo una estructura modificada.

Propuestas para una formalización efectiva

La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú es una tarea que exige medidas estructurales capaces de superar los problemas que han limitado los avances en este sector. Si bien esfuerzos como el REINFO y el PL MAPE han traído consigo avances importantes, también han revelado vacíos y desafíos que necesitan ser abordados desde una perspectiva más integral.

Un paso fundamental en este proceso es establecer plazos claros y definitivos. Las extensiones indefinidas que se han otorgado bajo el REINFO no solo han minado la credibilidad del sistema, sino que han perpetuado una informalidad que, en muchos casos, se conecta directamente con el crecimiento de la minería ilegal y sus vínculos con redes de crimen organizado. Por ello, resulta esencial que cualquier nueva normativa contemple cronogramas estrictos y sanciones claras que fomenten avances reales en la formalización y eviten la perpetuación de estas prácticas.

Además, sería importante complementar los esfuerzos actuales con un censo exhaustivo de los mineros artesanales y de pequeña escala. Este censo no solo permitiría depurar y actualizar la base de datos del REINFO, sino que también proporcionaría información clave sobre las condiciones de los mineros y sus necesidades. Aunque una medida de este tipo podría ser costosa y compleja, su desarrollo paralelo al proceso de formalización planteado en el PL MAPE sería crucial para evitar vacíos informativos y diseñar programas más efectivos de apoyo técnico y económico.

Otro aspecto indispensable es el fortalecimiento de la fiscalización. La implementación de herramientas tecnológicas, como drones y sistemas de georreferenciación, puede ser determinante para vigilar zonas de difícil acceso. Sin embargo, estas herramientas deben ir acompañadas de la asignación de los suficientes recursos financieros para garantizar una supervisión eficaz y adaptada a las particularidades de cada territorio. La capacitación de funcionarios y mineros también debe ser prioritaria, pues no solo promueve mejores prácticas, sino que asegura que las medidas implementadas sean sostenibles a largo plazo.

El PL MAPE ha logrado avances significativos en comparación con procesos anteriores de formalización, pero su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para llevar a la práctica las medidas propuestas. Es fundamental que las políticas de formalización logren un equilibrio entre la promoción de la legalidad y el respeto a estándares ambientales y sociales. Esto implica ofrecer incentivos inclusivos, establecer plazos alcanzables y adoptar un enfoque participativo que construya confianza entre los actores involucrados.

El desafío, por tanto, no se limita al ámbito normativo. La formalización debe entenderse como una política pública integral, que articule los esfuerzos del Estado, las comunidades y el sector privado. Transformar un sector con tanto potencial, pero que actualmente genera impactos negativos, requiere no solo de un marco normativo claro, sino también de una implementación efectiva y comprometida. En este contexto, el PL MAPE representa una oportunidad para corregir errores previos y sentar las bases de una minería más formal, equitativa y sostenible. Su éxito, sin embargo, dependerá de la voluntad política, la capacidad técnica y el compromiso de todas las partes involucradas.